OEA y ayudó a terminar con el delito de 'calumnias e injurias' para casos de interés público. La normativa para despenalizar esos delitos se conocía de modo informal como "ley Kimel"Trayectoria
Trabajó años en la sección internacional de la agencia Télam.
El reportero argentino se desempeñaba como editor de información latinoamericana de la agencia DPA.
Co condujo un programa informativo en la AM 530, La Voz de las Madres de Plaza de Mayo.
En La masacre de San Patricio (1989), abordó el asesinato de tres sacerdotes palotinos y dos seminaristas durante la última dictadura argentina. Denunció la actuación de quienes debieron haber investigado, como el juez Guillermo Rivarola.
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Kimel dijo que su libro
- "Tuvo el propósito de sacar a luz uno de los hechos más atroces cometidos por el terrorismo de Estado. Por un breve párrafo del libro, un juez de la Nación me inició un juicio, que terminó en una condena que fue una tremenda injusticia".
Según el párrafo cuestionado:
“El juez Rivarola realizó todos los trámites inherentes. Acopió los partes policiales con las primeras informaciones, solicitó y obtuvo las pericias forenses y las balísticas. Hizo comparecer a una buena parte de las personas que podían aportar datos para el esclarecimiento. Sin embargo, la lectura de las fojas judiciales conduce a una primera pregunta: ¿Se quería realmente llegar a una pista que condujera a los victimarios? La actuación de los jueces durante la dictadura fue, en general, condescendiente cuando no cómplice de la represión dictatorial. En el caso de los palotinos, el juez Rivarola cumplió con la mayoría de los requisitos formales de la investigación, aunque resulta ostensible que una serie de elementos decisivos para la elucidación del asesinato no fueron tomados en cuenta (...) La evidencia de que la orden del crimen había partido de la entraña del poder militar paralizó la pesquisa, llevándola a un punto muerto”.
Calumnias e injurias
Seis años después, en 1995, Kimel fue condenado a un año de prisión en suspenso y al pago de una indemnización de 20.000 pesos / dólares como culpable de "injuria y calumnia" contra el juez al que mencionó.
Su caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que resolvió a su favor y sentó precedente. La CIDH pidió al Estado argentino anular los efectos de la sentencia y exigió reformas a la legislación sobre calumnias e injurias, y "efectuar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad", en un plazo de 6 meses.
El delito de 'calumnias e injurias' fue derogado en noviembre de 2009.
Así opinaba
“Este proceso fue muy largo pero valió la pena. No por una cuestión personal, sino por lo que tiene que ver con la memoria colectiva. En estos años hubo muchos compañeros que me acompañaron, pero quiero recordar en especial todo lo que hizo mi esposa Griselda Kleiner, quien falleció. Ella estuvo a mi lado, jamás me abandonó. Era una luchadora social, cordobesa, protagonista del ’Cordobazo’", señaló Kimel en 2007 al presentar su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2008, falló a su favor en la apelación que presentó contra el Estado argentino. Un año después, se promulgó la ley Kimel”.
Su muerte
Su muerte
Andrea Pochak, abogada de Kimel y directora ejecutiva adjunta del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se mostró muy golpeada al enterarse de su fallecimiento.
- "Lamento profundamente esta pérdida. Era un luchador por la libertad de expresión en el país. Su caso deja un gran legado en ese sentido. Era un hombre comprometido con la verdad y con la profesión".
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La presidente de la Nación, Cristina Fernández, y el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, encabezaron el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del Estado argentino y de homenaje al periodista Eduardo Kimel que se realizó esta mañana.
También asistieron al evento el ministro de Justicia, Julio Alak; el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Duhalde; el canciller Héctor Timerman y familiares del periodista que falleció en febrero pasado.
El presidente del CELS, Horacio Verbitsky, en su introducción al acto, afirmó que este homenaje a Eduardo Kimel “intenta ser una reflexión del rol del periodismo en la relación con la sociedad y el pod
er político".
Este domingo se cumplió un nuevo aniversario de la Masacre de San Patricio. Kimel había sido condenado en nuestro país por investigar de manera rigurosa y profesional ese crimen horrendo de cinco religiosos católicos, cometido por un grupo de tareas durante la última dictadura militar en la iglesia de San Patricio, en el barrio de Belgrano..
... Verbitsky agregó que la despenalización de las figuras de calumnias e injurias “fue una medida que apuntó a favorecer a todos los argentinos, no sólo a los periodistas” y agregó que “sería bueno que todos los funcionarios tomen nota del fallo” de la Corte Interamericana.
El fallo del máximo tribunal regional también establecía que el Estado debía hacer un reconocimiento público de responsabilidad como desagravio a Kimel. Con motivo del fallecimiento de Eduardo, este acto tuvo además el valor de un homenaje póstumo para nuestro querido compañero.
Entre los asistentes se encontraban Jorge Fontevechia, Magdalena Ruiz Guiñazú, Isidoro Gilbert, José Ignacio López y Rogelio García Lupo.
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Eduardo Kimel
La presidenta Cristina Fernández encabezó el homenaje al periodista Eduardo Kimel, quien inició la causa judicial que más tarde posibilitó la despenalización del delito de calumnias e injurias. "Vivimos en una Argentina con una libertad de prensa inédita en nuestra historia", dijo la mandaratia, y reiteró el reclamo para la aplicación de la ley de Medios.
Por Horacio Verbitsky
El reconocimiento de la presidente CFK al periodista Eduardo Kimel sirve para reflexionar sobre el rol del periodismo, de la justicia, de las organizaciones de la sociedad civil y del gobierno nacional. El reconocimiento a Kimel fue una de las obligaciones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos impuso al Estado argentino en 2008, como culminación de un caso planteado por el CELS y la ex asociación Periodistas en 2000. La idea era que el reconocimiento coincidiera con un nuevo aniversario del asesinato de cinco religiosos palotinos, el 4 de julio de 1976, pero como era domingo se postergó para el lunes 5.
En 1989, Kimel publicó su libro de investigación La masacre de San Patricio. Allí escribió que “la actuación de los jueces durante la dictadura fue, en general, condescendiente, cuando no cómplice de la represión dictatorial. En el caso de los palotinos, el juez Guillermo Rivarola cumplió con la mayoría de los requisitos formales de la investigación, aunque resulta ostensible que una serie de elementos decisivos para la elucidación del asesinato no fueron tomados en cuenta. La evidencia de que la orden del crimen había partido de la entraña del poder militar paralizó la pesquisa, llevándola a un punto muerto”. Kimel fue querellado por el juez, que ya había ascendido a camarista.
En 1990, la jueza federal Amelia Berraz de Vidal me condenó a mí a un año de prisión y una indemnización de 10.000 dólares por desacato al ministro de la Corte Suprema Augusto Belluscio y en 1995 la jueza Angela Braidot condenó a Kimel a un año de prisión y a pagar una indemnización de 20.000 dólares por injurias a Rivarola. Kimel, dijo, “no se limitó a informar, sino que además emitió su opinión”, que ella consideró “innecesaria y sobreabundante”. Es decir, un delito de opinión. Ambas condenas fueron confirmadas por las respectivas cámaras de apelaciones y por la Corte Suprema de Justicia, anegada por una mayoría automática oficialista, y llegaron al sistema interamericano de derechos humanos. En mi caso, el gobierno nacional se comprometió a derogar el delito medieval del desacato, cosa que el Congreso hizo por unanimidad en 1993. Pero de inmediato todos los funcionarios comenzaron a presentar querellas por calumnias e injurias contra los periodistas que los incomodaban con sus informaciones y sus críticas.
En el caso de Kimel en 1996 la sala VI de la Cámara de Apelaciones revocó la condena e hizo la primera autocrítica por el rol de la justicia en aquellos años. Según los jueces Carlos Alberto González y Luis Ameghino Escobar, en democracia “no puede concebirse un periodismo dedicado a la tarea automática de informar sin opinar” y quienes ejercen una función pública “estamos expuestos a la crítica”. Su colega Carlos Alberto Elbert agregó que el Poder Judicial fue una “institución legitimante esencial del estado de excepción”, por lo cual la desconfianza de Kimel hacia quienes “fuimos subordinados al acta y estatuto del ‘proceso de reorganización nacional’ (que el camarista escribió con republicanas minúsculas y comillas) es un
a actitud comprensible” y sus afirmaciones deben interpretarse como “parte de un juicio histórico global que nos involucra a todos quienes protagonizamos esa etapa paralegal y trágica”.Pero en 1998 el cardumen menemista en la Corte Suprema revocó esa decisión y ordenó que se dictara un nuevo fallo. Lo firmó en 1999 la sala IV de la misma cámara, que condenó a Kimel por su “ácida crítica genérica a quienes como jueces integraban en ese entonces el Poder Judicial”, lo cual no formaba parte de la causa e insistía en el delito de opinión. Kimel dijo: “Tengo un sentimiento de indignación. Mientras los asesinos siguen en libertad y los policías que encubrieron el caso también, el único procesado y condenado por la Justicia es el autor del libro que relata el episodio”. Para la Asociación Periodistas “el alto tribunal ha tomado la decisión política de transmitir un mensaje intimidatorio al conjunto de la prensa argentina”. En 2000, el CELS y Periodistas llevaron el caso al Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, mientras proseguía la negociación entablada el año anterior con el Estado para la despenalización de las calumnias e injurias en casos de interés público. Los sucesivos gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa ratificaron ese compromiso ante el Congreso y lo mismo hizo en su fugaz mandato de una semana Adolfo Rodríguez Saá. Durante su interinato a cargo del Poder Ejecutivo, el senador Eduardo Duhalde introdujo una corrección: sólo ofrecía beneficiar a los periodistas. El CELS y Periodistas lo rechazaron, ya que no se trataba de consagrar un privilegio corporativo sino de extender los márgenes de libertad para todos los ciudadanos.
Como pasaron siete años sin que el Estado cumpliera su compromiso, en 2007 la Comisión Interamericana lo denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano judicial del sistema. El gobierno de Néstor Kirchner se allanó a la demanda y, sin discutir, le pidió a la Corte que fijara las reparaciones. En 2008 el máximo tribunal interamericano ordenó a la Argentina dejar sin efecto la condena, adecuar el derecho interno a la Convención Americana en materia de libertad de expresión y realizar un acto público de desagravio a Kimel. El año pasado CFK firmó un proyecto elaborado por el CELS. El Congreso lo convirtió en la ley 26.551, por la cual nadie que informe u opine sobre temas de interés público pondrá en riesgo su libertad. Sólo faltó un puñado de votos de PRO en Diputados para que su aprobación fuera unánime en ambas cámaras, como ya había ocurrido con el desacato. Por desgracia, Kimel no llegó a ver el acto de ayer, porque tuvo una muerte prematura en febrero de este año. Pero estuvieron su mamá y su hija, quienes escucharon conmovidas que la despenalización representa su legado a favor del ejercicio pleno de la libertad de expresión. El CELS cumple también con el mandato de sus fundadores. Creado por familiares de víctimas de la represión, concluida la dictadura comenzó a trabajar por la afirmación y el perfeccionamiento de los derechos humanos en democracia, desde la sociedad pero en relación con los poderes públicos, con la intención de incidir en sus políticas, ya sea con un alivio a la situación horrorosa en las cárceles bonaerenses, la adopción de un procedimiento transparente para la elección de jueces federales, la nulidad de las leyes de impunidad, la defensa de los derechos de las personas privadas de su libertad por problemas psiquiátricos, la sanción de una nueva ley de servicios audiovisuales (en cuya autoría participó desde la Coalición por una Radiodifusión Democrática), o la derogación del vetusto Código de Justicia Militar, a partir de una causa en la que el organismo defendió a un oficial del Ejército sancionado sin derecho a defensa. Ahora es el turno de una ley de acceso a la información pública, para transparentar las cuestiones que interesan a la sociedad y que no pueden ser secretas. La aspereza del debate público, que hoy ninguna ley reprime, aunque algunos funcionarios no se hayan enterado, es un síntoma de la vitalidad de la democracia argentina.
El periodista Eduardo Kimel fue homenajeado hoy en un acto realizado en la sede del Centro de Estudios Legales y Sociales, el que estuvo encabezado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El video con las repercusiones.
En acto de reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del
Estado argentino contó con la participación del presidente del CELS, Horacio Verbitsky, y familiares del periodista, fallecido en febrero pasado.
Kimel había sido condenado por investigar la Masacre de San Patricio, cometida contra cinco religiosos católicos por un grupo de tareas durante la última dictadura militar en la iglesia de San Patricio, en el barrio de Belgrano.
A raíz de la presentación del caso ante el Sistema Interamericano, en
mayo de 2008 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al
Estado argentino por las violaciones a los derechos humanos del
periodista.
Entre las medidas de reparación, ordenó modificar el Código Penal por la incompatibilidad de los delitos de calumnias e injurias con la Convención Americana.
Ese objetivo se logró con la ley 26.551, votada por el Congreso de la Nación en septiembre pasado, que despenalizó esos delitos para casos de interés público.
El fallo del máximo tribunal regional también establecía que el Estado
debía hacer un reconocimiento público de responsabilidad como desagravio a Kimel.
Pesar de la UTPBA
Falleció el periodista y escritor Eduardo Kimel
La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) manifiesta su pesar por el fallecimiento del periodista y escritor Eduardo Kimel, ocurrido ayer, miércoles 10 de febrero, a los 57 años de edad.
11 de febrero de 2010
El caso de Kimel, autor de “La masacre de San Patricio”, fue fundamental para que se convirtiera en ley, el pasado 18 de noviembre de 2009, la eliminación de los delitos de injurias y calumnias en casos de interés público.
Tras ese fallo, la UTPBA pronunció que “La intensa lucha llevada adelante por los y las periodistas junto a su organización, la UTPBA, se hizo realidad. La figura de Calumnias e Injurias, un claro atentado contra la libertad de expresión, fue despenalizada convirtiéndose en ley. Tal como está expresada en su texto y en su fundamento, esta ley constituye una norma protectiva que no sólo exime a los y las periodistas de ser querellado bajo esa figura, sino que los releva de solicitarle al funcionario que compruebe su malicia al acusarlo”.
“De esta forma se da cumplimiento al compromiso asumido por el Estado argentino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego que se pronunciara a favor del periodista Eduardo Kimel, condenado en el año 1991 por criticar la actuación del juez Guillermo Rivarola en su investigación sobre el asesinato de los sacerdotes palotinos durante la dictadura, hecho que se conoce como La masacre de San Patricio”, continuaba el pronunciamiento de la Organización de los periodistas.
Kimel, nacido en Buenos Aires en 1952, había sido condenado por la Corte Suprema de Justicia a la pena de un año de prisión en suspenso y al pago de una indemnización de 20 mil pesos al camarista Guillermo Rivarola por el pretendido delito de calumnias e injurias, supuestamente cometido en el libro “La masacre de San Patricio”.
Publicada su primera edición en 1989, el libro de Kimel investigó el asesinato de los sacerdotes Palotinos Alfredo Kelly, Alfredo Leaden y Pedro Duffau, y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, el 4 de julio de 1976, durante la última dictadura militar.
En un párrafo de una nota escrita por Kimel para la Agencia Nacional de Comunicación (ANC) de la UTPBA, el periodista y escritor afirmaba acerca de ese fallo judicial: “El efecto del castigo no termina en mi persona. Al condenarme dan un mensaje a todo el periodismo: `Publiquen lo que quieran, acá no hay censura previa. Pero después los castigaremos con las querellas que inevitablemente se iniciarán`.
“Esta es una forma clara de limitación a la libertad de expresión que afecta no sólo al periodismo sino a toda la población porque cercena su derecho a ser informada”, aseguraba Kimel, quien se desempeñó como editor responsable de la agencia de noticias alemana DPA y, anteriormente, trabajó en la sección Internacional de la agencia Télam.
Además colaboró con distintos medios gráficos de Buenos Aires y se desempeñó en las radios Mitre, Belgrano y Slpendid. Kimel también publicó los libros “20 años de historia política argentina” (1945-1965) y “30 años de historia política argentina” (1965-1995). Sus restos fueron velados en Eduardo Acevedo 384.
Eduardo Kimel
El miércoles 10 de febrero, falleció a los 57 años de edad el periodista Eduardo Kimel. Eduardo Kimel realizó lo que se considera la mejor investigación sobre la masacre de San Patricio. A través del estudio párrafo por párrafo de las actuaciones desnudó la complicidad de los jueces con la dictadura, en este caso el juez Guillermo Rivarola. El 4 de julio de 1976, un "grupo de tareas" asesinó a tres sacerdotes y dos seminaristas de la orden de los palotinos. La Justicia, como en tantos otros casos, "enterró" el caso, y la Iglesia, por boca del mismísimo Pablo VI, consideró "superado" el "episodio" de la masacre.En el año 2000, Kimel fue condenado en el orden penal y civil por su análisis sobre el desempeño de este juez. Condenado a un año de prisión y a una indemnización de 20.000 pesos (equivalentes a dólares en ese tiempo) por "daño moral", Kimel debió hipotecar sus bienes y los de su familia para hacer frente al dictamen. En un libro y en la película que lo tuvo como referencia -"4 de Julio"- quedó expuesta la complicidad sin atenuantes de la jerarquía eclesiástica y abrió una crisis en la propia congregación.
Luego del fallo, Kimel apeló ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, en mayo de 2008, llamó al Estado argentino a dejar sin efecto la condena penal, lo que se logró. En marzo de 2009, y sobre la base de lo ocurrido con Kimel, el CELS presentó un proyecto de despenalización del delito de calumnias e injurias. En diciembre de 2009, el Congreso, a instancias del gobierno CFK, aprobó la reforma del Código Penal, eliminando la posibilidad de condenas a penas de cárcel por estos delitos. Pero lo que fue presentado como "un gran avance de la libertad de opinión" limita su alcance a "asuntos de interés público" y deja en pie las acciones civiles, expresado en "la proliferación de acciones civiles, con la amenaza de enfrentar sumas exorbitantes de dinero en concepto de reparación del daño al honor, comprometer la libertad de expresión en periodistas y ciudadanos en general" (Andrea Pochak, Página/12, 12/3/09).
Eduardo Kimel fue militante de Política Obrera en la década del setenta y en su vida como trabajador de prensa estuvo siempre del lado de las luchas reivindicativas de sus compañeros de labor.
Hace dos años, había fallecido su compañera, Griselda Kleiner.
A Gaby, su hija, a su familia, nuestra compañía en su dolor.
Fernando Tolosa, Christian Rath
Verbitsky entregó una mención especial a la hija del fallecido Eduardo Kimel
Su lucha a favor de la Libertad de Expresión logró el año pasado la modificación de la ley penal sobre calumnias e injurias.
Reconocido por su lucha a favor de la Libertad de Expresión, que generó la modificación en 2009 de la ley penal en materia de calumnias e injurias, la Editorial Perfil acaba de entregar una “mención especial a la Libertad de Expresión” para el recientemente fallecido periodista Eduardo Kimel, premio que recibió su hija Gabriela, de la mano de Horacio Verbitsky.
Kimel, quien murió en febrero último a los 57 años, tuvo una reconocida trayectoria como periodista y fue autor del libro La masacre de San Patricio, una investigación periodística sobre los crímenes de los sacerdotes palotinos durante la dictadura militar, por la que fue condenado en 1995 a un año de prisión en suspenso y a pagar una indemnización de 20.000 pesos por “calumnias e injurias”.
Por ese hecho, Kimel inició, con el apoyo de Verbitsky, una batalla en la Justicia, hasta que en el 2000 la Corte rechazó el recurso interpuesto por el periodista. Pero Kimmel presentó el caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2008 falló en su favor y en contra del Estado argentino. El año pasado, a pocos meses de su muerte, finalmente se logró la modificación de la legislación argentina sobre “calumnias e injurias”, por la que se eliminó la pena de prisión y perfecció la letra de la ley penal en la materia.
Por eso, la elección de Verbitsky -que acompañó a Kimmel en esta lucha- no es casual para la entrega de este premio. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales, Verbitsky también es responsable de este avance en la libertad de expresión, ya que siempre impulsó en todos los foros nacionales e internacionales la actualización de la legislación argentina para que estuviera acorde con las normas más avanzadas en el mundo.
FALLO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
El Estado debará anular la condena al periodista Eduardo Kimel
El gobierno argentino deberá reformar el alcance de los delitos de calumnias e injurias y anular una condena impuesta al periodista Eduardo Kimel por haber criticado la actuación de un juez durante la última dictadura, según un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En su sentencia, el máximo tribunal regional intimó al Estado argentino a "dejar sin efecto en un plazo de seis meses" la condena penal impuesta a Kimel por haber criticado la actuación del ex juez Guillermo Rivarola en la investigación de la denominada "masacre de los palotinos". Además de sentar jurisprudencia para otras demandas de calumnias e injurias, la CIDH ordena al Estado argentino realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad en el caso Kimel, y pagar costas y gastos, entre otras intimaciones. "La opinión no puede ser objeto de sanción, más aún cuando se trata de un juicio de valor sobre un acto oficial de un funcionario público en el desempeño de su cargo", remarcó el tribunal. En 1999 la Corte Suprema había condenado a Kimel a un año de prisión en suspenso y al pago de 20 mil pesos como indemnización a Rivarola por el delito de calumnias e injurias, supuestamente cometido en el libro "La masacre de San Patricio". Con el fallo del último 2 de mayo de la Corte Interamericana, que fue dado a conocer hoy por el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS), el alto tribunal entendió que "son ambiguas y que violan la libertad de expresión" las condenas por calumnias e injurias iniciadas por funcionarios. Así fue explicado hoy por los responsables del CELS, Horacio Verbitsky, Andrea Pochak y Damián Loreti, en una conferencia de prensa que ofrecieron ju
nto a Kimel para celebrar el alcance de la sentencia. "Nuevamente un caso argentino abre camino para evitar que se puedan repetir en el futuro violaciones a la libertad de expresión", destacó Verbitzky. Kimel dio algunos ejemplos del agobio que padeció durante los 17 años que duró el proceso judicial en su contra, y bromeó: "Es una cifra significativa en la biología de un muchacho de 55", que buscó "sacar a la luz uno de los hechos más atroces cometidos por el terrorismo de Estado". "La masacre de San Patricio", publicada su primera edición en 1989, investigó el asesinato de los sacerdotes palotinos Alfredo Kelly, Alfredo Leaden y Pedro Duffau, y de los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, todos cometidos el 4 de julio de 1976, durante la última dictadura militar. En 1991 Kimel fue querellado por Rivarola, quien como juez tuvo a su cargo la investigación en los años 1976 y 1997, y quien actualmente es camarista del fuero penal. Tras largas idas y vueltas del expediente en la justicia argentina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió el año pasado demandar al Estado argentino ante la Corte Interamericana. En agosto de 2007, el Estado asumió responsabilidad internacional por las violaciones a los derechos humanos en el caso y reconoció que se había violado la libertad de expresión y las garantías del debido proceso por haberse condenado penal y civilmente a Kimel. "El Estado debe eliminar inmediatamente el nombre del señor Kimel de los registros públicos en los que aparezca con antecedentes penales relacionados con el presente caso", determinó la CIDH en su fallo del 2 de mayo. Un mosaico de lo que fue la masacre de los palotinos, y que toma parte del relato del libro de Kimel, podrá verse a partir del 3 julio en un documental, que ya recibió premios internacionales y que se estrenará en salas de la Capital Federal.Se conoce como Masacre de San Patricio (o de los palotinos) el asesinato de tres sacerdotes y dos seminaristas palotinos el 4 de julio de 1976, durante la dictadura militar, ejecutado en la iglesia de San Patricio, ubicada en el barrio de Belgrano, Buenos Aires. Los religiosos asesinados fueron los sacerdotes Alfredo Leaden, Alfredo Kelly y Pedro Duffau y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti.
Documental 4 de julio: la Masacre de San Patricio (2007). Direccion: Juan Pablo Young y Pablo Zubizarreta. Fue distinguido en los festivales de Mar del Plata, San Sebastián, y Festival de la Memoria en Tepoztlán. Idioma: Español latino (subtitulos en Ingles). Duracion: 98 minutos. Formato: Rmvb. 414 MB. Nota: el video tiene una marca de agua
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