sábado, 31 de octubre de 2009

ADRIAN KRMPOTIC (O.R.P.)

Articulo Publicado en el diario "Pagina 12" EN EL AÑO 2001
ADRIAN KRMPOTIC, EL LIDER DE LA ORP“

Y vos decís: lo que necesito es un fusil”

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Es la primera vez que cuenta la historia de la organización armada que fundó. Su versión del atentado a Bergés y sus planes para matar a Galtieri. Las extorsiones a Coto y el final de sus acciones “por una infidencia”.
“En la lista seguía el otro Vergez... y Galtieri.” Adrián Krmpotic tiene 36 años, fue condenado a 18 de prisión por haber liderado la Organización Revolucionaria del Pueblo (ORP) que atentó contra el represor Jorge Bergés, entre otros hechos. “La intención no era matarlo sino secuestrarlo para hacerlo confesar las atrocidades que cometió y sacarle información para ubicar hijos de desaparecidos que aún siguen apropiados”, explicó sobre el ataque al ex médico policial. Afirmó tener motivos para romper el silencio que mantuvo hasta ahora, aunque aclaró que “el encierro no es el mejor lugar para la autocrítica”. Página/12 lo entrevistó en la cárcel de Devoto, de donde recién podrá salir en abril de 2007 si le conceden la libertad condicional. Lleva cinco años detenido, de los cuales tres le serán computados doble. Mientras tanto, pasa sus horas en el pabellón 49 bis, un sector algo más habitable que el de los presos comunes. Y prepara una campaña, que incluirá una página en Internet y el apoyo de algunos organismos de derechos humanos y políticos de izquierda, para que la Cámara de Casación acceda a revisar su sentencia.Creció en Núñez, cerca de la ESMA. “Me estaba aproximando a mi objeto de estudio”, comentó para aflojar el clima que impone la sórdida oficina del superpoblado presidio. “Fui al mismo colegio que Spinetta, el San Román, y egresé en 1983. Con un grupo de amigos se nos dio por el cine, y recorriendo videoclubes llegamos a la Biblioteca Popular José Ingenieros, reducto de los últimos anarquistas”. Ahí tomó contacto con la problemática de los derechos humanos. “Entré a la militancia desde la inteligencia, en Abuelas. Fue la experiencia más productiva e interesante. Tenías un objetivo, un método y muchas posibilidades de tener éxito. Uno en el que participé fuerte fue el caso de Carla Rutilo Artés y me encargaba de los seguimientos del represor (Eduardo Alfredo) Ruffo. En el ‘83 estábamos entusiasmados con que la democracia posibilitara llegar a la verdad. Había cierta paciencia con la lentitud con que la institucionalidad resolvía el reclamo de justicia. Pero luego viene uno con un fusil a pedir ‘sacame esta ley’ y la institucionalidad va y lo hace. Y vos decís ‘ah, estoy errado, lo que necesito es un fusil’

.–¿La ORP nace como consecuencia de esa bronca?–En gran medida sí. Fue revalorizar la posibilidad de la acción armada frente a la debilidad de la institucionalidad.

–¿Qué orientación ideológica tenía?–Era un rejunte de gente de partidos de izquierda. Insisto en el contexto. A la sensación de construir un edificio con las herramientas inadecuadas hay que sumarle la debacle de la desaparición del paradigma soviético y del de la revolución sandinista.

–¿Cuáles eran sus objetivos?–Aunque parezca pequeño, era establecer un canal apropiado para discutir que el mundo unipolar gobernado por el neoliberalismo triunfante no era la única variante posible. Nos pusimos a estudiar la evolución del sistema electoral argentino, detectamos los primeros síntomas de ausentismo. Empezamos a pensar que la sensación de desazón que sentíamos nosotros era parte del surgimiento de un nuevo sujeto social. Discutíamos de economía y llegamos a la conclusión de que la organización debía estar en condiciones de encarar acciones militares, con el objetivo de participar en la institucionalidad. Querés privatizar una empresa. Bueno, avisale a los nuevos dueños que no van a tener empresa cuando la terminen de comprar. Los vamos a enfermar saboteándolos. Ese era el intento. Sos un juez que presumís de robar para la corona, hacete un pozo bien hondo porque cuando te encontremos vas a pasar una quincena a otra parte
–Además de discutir de economía, ¿se entrenaban, aprendían a armar bombas?–Nosotros nunca usamos explosivos.
–¿Y los atentados contra los cajeros automáticos? Se hicieron conocidos por esos hechos.–Eran artefactos lanzapanfletos, sin explosivos.
–¿Hoy existe la ORP?–No.
–¿Se financiaban mediante extorsiones a empresarios como Alfredo Coto?–Nos financiábamos como los partidos políticos, las comisarías de la provincia de Buenos Aires... Siempre hay dos formas en una organización política, la ordinaria que es el aporte de los afiliados, la venta de las publicaciones, y la extraordinaria es producto de las tareas financieras, que no necesariamente son a mano armada. Se le sugiere a alguien la importancia, la necesidad o la conveniencia de hacer un aporte. O propiciar donaciones. El Hospital Garraham recibió una. Coto era conocido, después nos enteramos de que era menemista. El auto de Eduardo Menem estaba siempre en la cochera de Espinosa y Paysandú, donde Coto tiene su sede central. Coto dijo en una entrevista que había facturado ese año 1.500 millones. Entonces nosotros le pedimos el uno por mil, por única vez en concepto de contribución no voluntaria. Las lanzaderas en sus locales, como las de las marchas de ahora, fueron sólo una carta de presentación. Le dijimos que no íbamos a reivindicar esos hechos. No llegamos a cobrar porque detuvieron a un compañero en Montevideo, José Alonso.
–Ustedes cuidaban cada detalle, se camuflaban. Sin embargo, dejaron sus huellas digitales y cayeron por un delito común como la extorsión.–Esas huellas fueron plantadas después. Mientras nuestro compañero estaba detenido allá como preso político el juzgado de acá hizo aparecer una huella en el espejo retrovisor de un auto abandonado luego del robo de un camión blindado. Una huella que llamativamente correspondía a Alonso. Entonces lo requieren por un hecho común y no político. Fue absuelto de ese hecho en el juicio oral porque esa huella no se tuvo en cuenta.
–Pero ése fue el hilo que permitió desbaratar su organización.–Ninguna cosa de éstas se cae sin una infidencia.
–Usted sostiene ahora que la ORP no quiso matar a Bergés. ¿Qué querían?–Hablar con él. HasTA ese momento habían trascendido nuestras campañas contra las privatizaciones, por la abstención y el voto en blanco. Usábamos trucos como colgar un gran cartel en el puente de Rivadavia y General Paz simulando que tenía un par de cazabobos, avisando a los medios para que nadie saliera lastimado. Entonces vos garantizabas dos horas de tránsito cortado, cámaras. Creo que inventamos los cortes de ruta. (Ríe).

–¿Por qué Bergés?–No deja de sorprenderme esa pregunta. Un hombre confeso de haber cometido el delito más repugnante que es torturar, violar a una embarazada y hacerla parir en medio de su mugre, condenado por la Justicia y luego sustraído de su accionar en virtud de una ley. Un día lo agarran a los tiros y la gente pregunta ¿por qué?

–Pero ¿por qué él y no otro represor?–La elección es aleatoria. A fines de 1993 tenía una clínica de ginecología en Quilmes. El tipo desapareció, pero al tiempo me lo crucé por la zona y ahí pintó el proyecto inicial. Se van a cumplir veinte años del golpe, lo agarramos, lo hacemos hablar, que se haga cargo, aprovechamos las movilizaciones y proponemos que la gente vote sobre qué hacer con él... El sentido era que luego de los indultos se había apagado la persecución judicial de estos tipos que seguían dando vueltas. Queríamos mantener vivo el problema.


–¿Había más en la lista?–Estaba el capitán (Héctor) Vergez, el del campo de La Perla. En ese momento vivía en Rivadavia al lado de la boca del subte. No daba el espacio y podía salir gente lastimada. Y (Leopoldo) Galtieri, que estaba regalado en Chivilcoy a una cuadra de Beiró, cuarto piso, frente a una casa abandonada... Pero a ése no lo llegás a agarrar, le tenías que pegar un tiro y nada más.


–¿Le tiraron 20 tiros a Bergés y no querían matarlo?–Lo único que lo hubiera lastimado gravemente era una 9 milímetros que estaba de apoyo. Yo tenía una escopeta de repetición, cargada con 12/70, postas perdiceras que te picotean todo, pero no tienen peligro de muerte. Recibe impactos, tiene cicatrices por todos lados, pero no fueron 20 tiros con la ráfaga de una ametralladora. Tiene un solo tiro que le entró por el brazo. Herido ya no nos servía. Pero no me imaginaba que iba a salir corriendo como una rata, esperaba que fuera un soldado, que se defendiera. Puso de escudo a su mujer... Siempre andaba armado y sabiendo eso fuimos armados nosotros también. Bergés trabajaba en la brigada de Quilmes en ese momento, estaba en actividad. Cuando (Eduardo) Duhalde se entera que estaba internado lo exoneró enseguida.

–¿Hubo una ORP paralela de agentes de inteligencia y policías?–No, eso lo inventó (Francisco) Benzi en un reportaje.

–Pero persistió la duda sobre la verdadera integración de la ORP.–Toda tarea de contrainteligencia tiene un resabio en la memoria.

–Entonces, según usted ganaron ellos también en ese sentido.–(Se exalta) ¿Y por qué pensás que estoy acá?


–¿Por qué confesó estos hechos durante la investigación?–Para cortar esta situación: había gente presa que no tenía nada que ver, mi mujer estaba detenida, había más de 300 intervenciones telefónicas. Agrandaron los hechos. La SIDE recibía 30 mil dólares por mes para esa investigación.

–Tras el juicio oral sus compañeros salieron en libertad, pero a usted le dieron siete años más de lo pedido por el fiscal. ¿A qué lo atribuye?–El tribunal recibió presiones muy fuertes y me cobró Bergés. Pero dejó una serie de errores del ABC del derecho que permitirían que esto se corrija en Casación. Por el mismo hecho me absolvieron y me condenaron: el robo al camión blindado de Juncadella. Me condenan por un delito por el que no me habían indagado: las explosiones, que no hubo, contra los locales de Coto. Además, pedimos que se excluyan las pruebas recogidas por la SIDE en forma ilegal. Si prospera el recurso deberían declarar nulo el juicio, o al menos reducir mi pena. Depende de que la gente que habló con el tribunal oral no tenga también los teléfonos de los jueces de Casación.

–¿Por qué decidió hablar ahora?–Porque puedo y porque debo. Ya tengo sentencia y me juego mis últimas fichas. Pero no se trata de hacer una autocrítica porque lo que diga un encerrado puede ser interpretado como arrepentimiento. Tengo pila de cosas, pero no borran la intención original. Por respeto a quien todavía cree que puede seguir siendo la vía, y por orgullo porque por esto me jugué la vida y perdí la libertad. En todo caso, no es el público el que va a conocer esa autocrítica.

–¿Tendría sentido hoy la violencia?–El neoliberalismo pretendía ejercer un culto a la acción individual y consiguió multiplicar la acción colectiva. Ahora hay que celebrar que los 20 millones de personas que no saben qué van a cenar esta noche estén pensando en cómo procurar comida y no limpiando ningún fusil.

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* PRIMERAS NOTAS EN CLARIN:

Alegato de Adrian Krmpotic, último preso de la Organización Revolucionaria del Pueblo (O.R.P.), ante la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal pronunciado el 5 de julio de 2007: "......Hoy, se está revisando una sentencia mamarrachezca indicativa de que el Tribunal Oral Federal Nº 2 nos había condenado de ante mano y, como todos los presos políticos, llegamos al banquillo de los acusados con la sentencia confeccionada....El hecho de mayor relevancia por el que fui condenado es la autoría en el ataque que sufriera el Comisario Médico Jorge Antonio Bergés en abril de 1996. Por entonces el verdugo Bergés gozaba de la impunidad obtenida con la aplicación de la ahora anulada Ley de Obediencia Debida...."

Falta un poco más de un mes para que se cumplan 10 años de mi detención y sólo la perversa morosidad del sistema judicial explica que aún continúe este proceso.
Hemos llegado a esta instancia luego de sortear todos los obstáculos imaginables, el último de ellos ha sido el trámite de un Habeas Corpus que la Corte Suprema de Justicia resolvió en mayo de 2006, luego de más de tres años de trámite, contradiciendo de manera vergonzosa el texto constitucional que lo define como una acción expedita y rápida, dado que el derecho lesionado que intenta reparar es nada más ni nada menos que la libertad física.
Y es que la Corte no pudo menos que pronunciarse de ese modo a fin de evitar una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que indudablemente hubiera recomendado la revisión de mi sentencia tal y como hiciera respecto de los compañeros presos por el copamiento al Cuartel de la Tablada.
En ambos supuestos no existió la posibilidad de una instancia revisora para una sentencia flagrantemente arbitraria. Una vez más la Corte responde a las necesidades del gobierno de turno que esta vez quiere sostener una pretendida política de revalorización de la defensa de los DDHH en su discurso fronteras adentro y, sobre todo, fronteras afuera.
El ejecutivo no podía tolerar la posibilidad de que el país fuera nuevamente censurado respecto del procedimiento judicial llevado adelante sobre un grupo de prisioneros políticos.
En fin, la administración Kirchnerista no estaba dispuesta a compartir la amarga copa de la que bebiera Duhalde cuando, luego de la masacre del Puente Pueyrredón, debió indultar a los compañeros de La Tablada.
Por otra parte una actitud semejante hubiera abierto otro frente con una derecha en franco proceso de reorganización que se animaba, luego de una pequeña cuarentena, a convocar a un “Concilio de Verdugos” que se reunió en Plaza San Martín para exigir la amnistía de los genocidas. Es entendible ¿acaso las FFAA no reprimieron, torturaron, desaparecieron, robaron niños y acallaron al pueblo para imponer la política económica que reclamaba la burguesía y sus partidos?
Por lo pronto no hay razones para alarmarse, no habrá indulto ni amnistía para nadie, ni para los militantes políticos ni para los genocidas, señal de que la infame teoría de los dos demonios goza aún de buena salud.
Hoy, se está revisando una sentencia mamarrachezca indicativa de que el Tribunal Oral Federal Nº 2 nos había condenado de ante mano y, como todos los presos políticos, llegamos al banquillo de los acusados con la sentencia confeccionada.
El hecho de mayor relevancia por el que fui condenado es la autoría en el ataque que sufriera el Comisario Médico Jorge Antonio Bergés en abril de 1996. Por entonces el verdugo Bergés gozaba de la impunidad obtenida con la aplicación de la ahora anulada Ley de Obediencia Debida.
Indudablemente la justicia que me condenó no estaba dispuesta a declarar la inconstitucionalidad de una ley que garantizaba la libertad de un represor acusado y condenado por violación, tortura, supresión de identidad, sustracción de menores y robo perpetrados en campos clandestinos de detención a las órdenes de la dictadura más feroz que sufriera nuestra Patria.
Como en un juicio celebrado en el Macondo de García Márquez en aquella ocasión se me condenó por delitos que no fueron objeto de elevación a juicio y se me absolvió y condenó por el mismo hecho.
En otro alarde de “realismo mágico” sostuvieron los jueces que al momento de mi detención conducía un vehículo robado que fue secuestrado dos días después y a cinco kilómetros de donde se produjera ese suceso. Convirtió la acusación de tentativa de homicidio simple por dolo eventual sobre el torturador Bergés en una tentativa de homicidio calificado por la alevosía sosteniendo que “sólo la providencia divina impidió la muerte de Bergés” dando a entender que Dios hubiera tomado partido a favor del torturador, afirmación que cuando menos debe haber sido recogida con indignación por cualquier creyente honesto.
Por último entendió que los once años de prisión solicitados por el fiscal del juicio eran pocos, de modo que resolvió condenarme a 18 años de prisión en una decisión que no reconoce muchos antecedentes.
Decir que nos ha sorprendido este trato de parte del aparato judicial sería una ingenuidad. Desde el momento mismo de mi detención y la del resto de mis compañeros no hubo sino una deliberada política de aniquilamiento basada en dos pilares fundamentales: el primero fue la dispersión que implicó el alojamiento de los compañeros en distintas cárceles o pabellones separados; el segundo lo constituyó el aislamiento de los sectores de la militancia política no autorizando las visitas de los Organismos Defensores de los DDHH sino hasta casi tres años después de nuestras detenciones, ambas medidas aplicadas por orden directa de la Jueza María Servini de Cubría, la misma de las narco valijas, la misma que hoy trata infructuosamente de limpiar su nombre fotografiándose junto a las Abuelas de Plaza de Mayo.
Es que la política represiva sobre los militantes populares persigue ante todo su aislamiento impidiendo o dificultando su contacto con el pueblo a la vez que difamando a los presos políticos con operaciones de inteligencia sostenidas por la inestimable colaboración de los medios de comunicación masiva, negando su condición de militantes populares y sembrando dudas respecto de la motivación de su accionar.
Que nadie se llame a engaño, todo preso político es un rehén del sistema, los tribunales burgueses no son imparciales, ninguno de ellos es capaz de resguardar las “garantías constitucionales”.
El poder judicial ha sido históricamente parte inseparable del aparato represivo porque al tiempo que legaliza la represión de los que resisten la injusticia, llevan a cabo su objetivo ejemplificador: a los que no toleren el avasallamiento de sus derechos más elementales, el hambre, la desocupación y la entrega del país les espera la cárcel y en la cárcel comienza el fino trabajo de aniquilamiento del prisionero.
Y en esa tarea no reconocen límite alguno. Para ejemplo reciente tenemos el trato que recibiera Diego Quinteros quien mutilado fue arrojado al Hospital Penitenciario de la Cárcel de Devoto sin atención ni resguardo de ninguna especie y a quien sólo la solícita atención de otros presos salvaron de una muerte segura.
Cualquier detenido por razones políticas sabe de sobra que le espera la tortura y luego a dar con sus huesos en la cárcel donde el hostigamiento es moneda corriente, las condiciones de detención pésimas y el intento de humillación del detenido y su visita una constante, y todo esto sucede mientras espera una condena que, ya sabe, será feroz.
¿Qué Juez puede ignorar que las condiciones de detención que se padecen en las prisiones donde se purgan las sentencias que ellos dictan, violan en todos sus términos el art. 18 de la Constitución Nacional por la que han jurado?
¿No nos siguen juzgando acaso jueces que comenzaron sus carreras en plena dictadura, es decir que toleraron complacientemente el genocidio?
Cualquier forma de resistencia popular puede convertirse en un delito: los cortes de ruta dicen, atentan contra la libre circulación; los conflictos gremiales son sometidos a conciliación obligatoria y, si persisten, las huelgas son declaradas ilegales; la difusión de las ideas puede convertirse en apología del delito y la denuncia de funcionarios corruptos constituyen “calumnias e injurias”.
Sin embargo cada procesado, cada preso va calando en la conciencia del pueblo que ve en esos hombres y mujeres a militantes que han pagado con su libertad el precio de transitar el camino que conduce a la libertad de todos.
Me permitiré una cita: “El problema de la justicia es eterno, y por encima de las opiniones de los jurisconsultos y teóricos, el pueblo tiene de ella un profundo sentido. Los pueblos poseen una lógica sencilla pero implacable, reñida con todo lo absurdo y contradictorio y si alguno, además, aborrece con toda su alma el privilegio y la desigualdad, ése es nuestro pueblo. Sabe que la justicia se representa con una doncella, una balanza y una espada. Si la ve postrarse cobarde ante unos y blandir furiosamente el arma sobre otros, se la imaginan entonces como una mujer prostituida esgrimiendo el puñal”, se trata del alegato de Fidel Castro con motivo de su procesamiento por el ataque al cuartel Moncada.
Derogada la Obediencia debida se ha producido otra variante de la impunidad. Al no estar los subalternos obligados a cumplir órdenes moral y jurídicamente enjuiciables cualquier represión ordenada por el poder político que devenga en abuso y consecuentemente en masacre tiene por responsables únicos a sus autores materiales, es decir quienes empuñaron las armas.
Difícilmente pueda el pueblo identificarlos, de modo que la sangre de los de abajo puede derramarse impunemente, sólo excepcionalmente se ha podido identificar al que tiró del gatillo - en la masacre del puente se identificó sólo a quienes dispararon dentro de la Estación Avellaneda sobre Maxi y Darío y en Neuquen a quien fusiló a Fuentealba-, pero la regla es que la mayoría de las veces los crímenes quedaron impunes.
En efecto, la derogación de la ley de la impunidad ha traído nuevas impunidades, ahora las del poder político y los cuadros superiores de las fuerzas de seguridad.
¿De que otra manera puede entenderse entonces que ni Ruckauf, ni Juan José Alvarez, ni Duhalde hayan debido responder por la muerte de Darío y Maxi?
¿Alguien puede creer que Franchiotti y Acosta actuaron por su cuenta cuando está probado que no fueron los únicos que utilizaron armas de fuego en la represión?
¿Estuvieron alguna vez dispuestos los jueces a castigar a los instigadores de la represión social es decir a los políticos de más alto nivel o a las cúpulas de las fuerzas represivas?
En esto la autodenominada “Familia Judicial” - verdadera corporación al servicio de la defensa de los intereses del sistema y que seguramente debe su nombre a la concepción de la “familia” mafiosa - actúa como un sólo puño, sin fisuras ni contradicciones.
Hablamos de un poder que no debe la elección de sus miembros a ningún procedimiento democrático sino a la decisión discrecional del organismo colegiado que representa a los poderes del estado y cuya tarea no cesa sino por jubilación o la caída en desgracia respecto de alguna administración en particular.
Constituyen el reaseguro de impunidad con que cuentan los funcionarios políticos, los legisladores, los militares y los dueños del poder real para hacer y deshacer en nuestra Patria, violentando los más elementales principios de justicia y, en ocasiones, hasta la propia letra de las leyes que dicen defender.
No olvidamos la participación del aparato judicial por acción u omisión en los crímenes contra el pueblo que han tenido lugar a lo largo de nuestra historia.
Imposible olvidar el desempeño judicial en los procesos a Radowitzky por el ajusticiamiento de Falcón, responsable de la masacre obrera de Plaza Lorea, y a Wilckens por el atentado contra el coronel Varela, que se encontraba libre de culpa y cargo, luego de que fusilara a más de 1500 obreros en la Patagonia. Tampoco hubo contemplaciones para Badaraco, a quien se le inició un proceso por “traición a la patria” luego de que quemara una bandera de los EEUU. Todas causas sustanciadas durante los primeros gobiernos radicales.
O el silencio judicial mientras la primer dictadura militar de la Argentina, al mando del Gral. Uriburu, arrancaba a los militantes populares de sus jueces naturales y los sometía a tribunales militares. Así se hizo con Severino Di Giovanni y Paulino Scarfó condenados a muerte en 1931 por “agitadores anarquistas”, con el voto unánime de un tribunal militar presidido por otro radical: Risso Patrón.
Idéntico silencio al que guardaron, en 1936, los jueces Lamarque y González Gowland quienes luego de interrogar en el Departamento de Policía a los anarquistas Miguel Arcángel Rosigna, Andrés Vázquez Paredes y Fernando Malvicini y sobreseerlos por falta de pruebas los entregan a la policía que los desaparece para siempre inaugurando una reiterada práctica de las fuerzas represivas en nuestra Patria.
También se desempeñaron eficientemente para mantener la impunidad como en el tristemente célebre proceso de Bragado, ocasión en que fueron condenados tres obreros anarquistas inocentes por el intento de asesinato del político conservador José Blanch. Diez años purgaron esos hombres por un crimen que no cometieron.
Silencio que mantuvieron en el ’55 cuando los uniformados bombardearon la Plaza de Mayo, asesinando a cientos de trabajadores desarmados y en el ’56 cuando la dictadura de Aramburu fusilaba 27 compañeros en José León Suarez por acompañar el levantamiento de Valle quien también fue fusilado junto a otros compañeros en el ya desaparecido Penal de Las Heras.
Conducta que reiteraron cuando en 1960 Frondizi, en aplicación del Plan Conintes, violó las más elementales garantías individuales poniendo a disposición de las FFAA a los huelguistas díscolos sometidos también a tribunales militares y privados de cualquier defensa.
¿Y cuando el golpe a Frondizi la mismísima Corte Suprema no colaboró acaso tomándole juramento al presidente de facto para investir la usurpación de cierta legalidad?
Callaron cuando en 1962 desaparecía el obrero metalúrgico, Felipe Vallese, de la Comisaría 1º de San Martín y cuando durante el gobierno de Illia las fuerzas de seguridad asesinaron en una manifestación pacífica a los trabajadores Mussy, Retamar y Méndez.
Tampoco pronunciaron palabra sobre la ilegalidad de la Doctrina de Seguridad Nacional elaborada por el entonces Jefe del Ejército, Onganía, y expuesta para regocijo de todos los representantes de las FFAA latinoamericas en la casa de sus patrones: West Point.
¿No fue acaso un Juez el que en 1972 garantizó la seguridad de los presos fugados del penal de Rawson, luego asesinados por las FFAA en la Base Almirante Zar?
¿Que actitud tomaron los jueces cuando en 1975 el Poder Ejecutivo emitió el Decreto que ordenaba aniquilar el accionar subversivo?
¿Que hicieron los jueces cuando en plena dictadura Teresa Israel presentaba Habeas Corpus a pedido de los familiares de los compañeros desaparecidos para darles consuelo, sin la más remota expectativa de obtener respuesta, hasta que también a ella la secuestraron?
¿Dónde estaban los jueces mientras Walsh denunciaba los crímenes de los comandantes y los exiliados presionaban desde el exterior?
Ocho años de silencio hasta el retorno de la democracia.
La lista es interminable y soy incapaz de agotarla en esta exposición, baste decir que el poder judicial deberá, por estos crímenes, limitarse a esperar la absolución de sus pares porque el pueblo ya los condenó.
De qué otra forma podría entenderse sino que los empleados judiciales aquí presentes acepten como “honorables colegas” a sujetos como Raúl Plee y Fernando Larrambebere que recibieron sus nombramientos como premio del papel que les cupo en el enjuiciamiento a los compañeros que coparon el Cuartel de La Tablada: el primero llevando adelante la acusación y el segundo archivando todas las causas por las desapariciones, torturas y fusilamientos que protagonizaron las FFAA en la recuperación del cuartel.
O a Ariel Lijo quien burdamente sacó de la galera una orden de detención contra Raúl Lescano para blanquear el secuestro del que había sido víctima y encarcelarlo junto a otros compañeros de Quebracho, acusándolos de destruir las vidrieras de un local perteneciente a un confeso instigador del asesinato de Fuentealba como lo es el gobernador Sobisch.
Qué paradoja, verdad. El instigador del asesinato del compañero está libre y los muchachos de Quebracho que, demostraron su indignación rompiendo un par de vidrios, se encuentran presos.
Otro tanto sucede con los compañeros Rosales, Catrihuala, Pérez, los hermanos Bilbao, Cortez, González y Padilla, presos en Las Heras acusados de la muerte del policía Sayago.
¿De qué modo sino de insolente complicidad con las fuerzas represivas se puede calificar al hecho de que los compañeros sean acusados de Homicidio y Coacción Agravada cuando Sayago fue muerto en medio de un enfrentamiento provocado por la represión policial?
¿Acaso no sabe el Juez que los compañeros más que atacar a Sayago se defendieron de él ya que era bien conocido por los trabajadores petroleros dado que en una represión anterior había hecho abortar a patadas a una compañera que participaba de una protesta?
¿Alguien puede dudar que si Jorge Julio Lopez fuera un empleado judicial, un policía, un político o un “rico y famoso”, en lugar de un testigo de cargo contra un represor, esta justicia no sólo hubiera resuelto su paradero sino que ya habría detenido a los autores de su secuestro?
Cerca de 100 muertos ha sufrido el pueblo durante los últimos 15 años, todos ellos se contaban entre sus mejores hijos.
Todos ellos continúan exigiendo justicia, reinvindicación y el cese de las razones que los lanzaron a la lucha por construir una Argentina donde la vida merezca ser vivida.
Y todos ellos cayeron bajo las balas de la represión ejerciendo su legítimo derecho de resistencia a la opresión.
Ese derecho de resistencia a la opresión que se hace presente en la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre al postular: “Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para éste el más sagrado de los derechos y el más imperioso de los deberes”.
Ese derecho que es bellamente descripto por José Martí cuando sostiene: “Un hombre que se conforma con obedecer leyes injustas y permite que le pisen el país en que nació, no es un hombre honrado... En el mundo ha de haber cierta cantidad de decoro como ha de haber cierta cantidad de luz. Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Estos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que les roban a los pueblos su libertad, que es robarles a los hombres su decoro. En esos hombres van miles de hombres, va un pueblo entero, va la dignidad humana ...”
Esa opresión que adquiere las más variadas formas pero tiene un solo origen: el injusto sistema en el que vivimos regenteado por igualmente injustos poderes públicos que violando el mandato popular pisotean los más elementales derechos del Pueblo.
¿Qué argentino bien nacido puede dudar respecto de la justicia del reclamo cuando se exige trabajo?; ¿o cuando se exige educación?; ¿o cuando se exige un salario digno?; ¿o cuando se exige justicia?; ¿o cuando se exige vivienda?
Ahora bien: ¿si un gobierno dicta leyes injustas que privan al pueblo del trabajo, o de salarios dignos, o de vivienda, o de justicia, o de educación, no es el deber de las mujeres y hombres dignos que habitan esta hermosa tierra resistir la aplicación de esas leyes?
Nuestro pueblo tiene una historia rica en resistencia.
A pesar de que nuestro Presidente, cada vez que puede, se pregunta: ¿qué hacían mientras el gobierno de Menem destruía la capacidad industrial instalada, entregaba al capital extranjero por monedas las empresas públicas, levantaba ramales ferroviarios, expulsaba del mercado laboral a millones de trabajadores, desarticulaba la salud y la educación públicas, cristalizaba la impunidad de los genocidas y arrojaba al hambre y al desamparo a la amplia mayoría de los argentinos?
La respuesta es obvia: nuestro Pueblo resistía mientras que él y su séquito formaban parte de ese gobierno entreguista y hambreador.
Nuestro Pueblo resistió de todas las formas que pudo y paso a paso fue creando las condiciones para revertir ese proceso.
Resistió fieramente las privatizaciones, las leyes de impunidad y la desarticulación de la salud y la educación públicas.
Los movimientos sociales, haciendo honor a la historia de organización de la clase obrera, rápidamente se forjaron para dar respuesta al hambre y lo lograron con indudable éxito.
El Pueblo sin duda sigue siendo la reserva moral de la Patria porque al contrario de esa escoria que conforman las dirigencias de los partidos tradicionales siempre ha luchado contra la injusticia.
En ese marco, la Organización Revolucionaria del Pueblo escribió un pequeño párrafo en un capítulo de esa lucha y en ese pequeño párrafo sostuvo que mientras existiera un argentino digno de la tierra que habita, los genocidas no podrían andar tranquilos sus calles.
La Organización Revolucionaria del Pueblo se atrevió a escribir esas líneas sólo cuando no existía ya ninguna posibilidad de encauzar el reclamo de justicia por los carriles institucionales.
La Organización Revolucionaria del Pueblo se atrevió a juntar pacientemente cada palabra con las que construyó ese párrafo, sólo una vez que la movilización popular, con motivo de la proximidad del 20 aniversario del Golpe Militar, indicaba que poco a poco el movimiento popular iba saliendo del cono de sombra en que lo sumió el primer tramo del gobierno de Menem.
La Organización Revolucionaria del Pueblo pagó caro ese desafío. Desató sobre sí la más importante cacería humana de la que se tenga memoria en los últimos 20 años, alguno de sus dirigentes terminamos encarcelados junto a seres queridos, rehenes inocentes de los verdugos. La presión represiva y mediática hizo el resto.
La Organización Revolucionaria del Pueblo dejó de existir pagando de este modo sus errores y a partir de allí la justicia del sistema se dedicó a cobrarle caro cada uno de sus aciertos.
No habrá juez que pueda comprenderlo pero me siento un hombre afortunado, me esperaban en la calle más abrazos compañeros, más palabras de aliento, más proyectos colectivos que los que jamás pude haber soñado en mis ocho años y medio de cautiverio.
Tengo la enorme alegría de comunicar a mis verdugos su fracaso, mi gente me esperaba como siempre, como después de un debate interrumpido por falta de tiempo. Volví a donde lo dejamos, no hubo cárcel capaz de separarme de los míos.
Soy el último preso de una organización que ya no existe y, sin embargo, no me siento derrotado. Nuestra pequeña lucha fue sólo un eslabón enmarañado entre las luchas que nos precedieron, las que se libraron durante nuestro cautiverio trayéndonos alivio, las de ahora mismo y las que, seguramente, vendrán.
Así debe ser, lucha con lucha encadenada para no empezar siempre de nuevo como decía Rodolfo Walsh.


MEMORIA DEL PRESENTE ES EL PROGRAMA DE RADIO QUE ADRIAN KRMPOTIC PRODUJO Y CONDUJO (JUNTO A ESTER ALI Y HORACIO RIOS) EN RADIO MAGICA (LA VOZ SUDAMERICANA) FM 93.5, DURANTE 2008
PODES ESCUCHAR LA EMISION DEDICADA A UNA ENTREVISTA CON DANIEL DE SANTIS (PRT-ERP) Y LA EMISION DEDICADA AL COPAMIENTO AL DEPOSITO DE ARSENALES MONTE CHINGOLO (ENTREVISTAS A EDUARDO OROÑO Y AL SARGENTO DARIO/PRT-ERP)



DESCARGA DIRECTA (C/ DANIEL DE SANTIS)

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Empezaron volando cajeros automáticos, siguieron con el atentando contra el represor Jorge Bergés y ayer terminaron condenados por la Justicia. Integrantes de la Organización Revolucionaria del Pueblo (ORP) fueron sentenciados ayer a penas de hasta 18 años de prisión, al término del juicio oral al que fueron sometidos como autores de varios ilícitos. Una mujer del grupo fue absuelta y otro miembro permanece prófugo. “Con esta sentencia el tribunal avaló la actividad ilegal de la SIDE en la investigación”, opinó ante Página/12 el abogado Rodolfo Yanzón, que ejerció la defensa de la organización. Y anticipó que apelarán ante la Cámara de Casación apenas se conozcan los fundamentos, lo que ocurrirá el martes próximo. El grupo había hecho su presentación en sociedad en 1992 haciendo explotar decenas de cajeros automáticos en Capital Federal y el conurbano. Los fiscales Oscar Amirante y Guillermo Marijuan acusaron a seis integrantes de la ORP de haber cometido diez hechos delictivos, entre ellos la extorsión al supermercadista Alfredo Coto, la colocación de explosivos en cinco de sus sucursales, el robo de 60 mil dólares en un asalto a un camión de caudales, la “tenencia ilegítima” de 473 documentos nacionales de identidad, tenencia de elementos destinados a cometer falsificaciones y encubrimiento del robo perpetrado en la Delegación Gerli del Registro Nacional de las Personas, además del atentado contra Bergés. Ese médico policial, preso por sustracción de menores hijos de desaparecidos, supervisaba los partos de las detenidas en los campos de concentración y presenciaba las sesiones de tortura de los secuestrados. La Ley de Obediencia Debida lo salvó de la cárcel. El 4 de junio de 1996 fue baleado por dos personas a metros de su casa de Quilmes y sobrevivió a 20 balazos. La ORP se adjudicó el atentado. Adrián Krmpotic, de 33 años, confesó ser el autor del atentado contra Bergés ante la jueza María Servini de Cubría. En esa ocasión reveló que, cuando le apuntó, el represor usó como escudo humano a su esposa.El Tribunal Oral Federal 2, integrado por Eduardo Mugaburu, Jorge Tassara y Luis Velasco, condenó a Krmpotic a 18 años de prisión como jefe de la asociación ilícita y como autor de tentativa de extorsión, homicidio calificado, robo con armas a un camión de una empresa transportadora de caudales y tenencia simple de explosivos. Por similares ilícitos, Eduardo Mario Ozores fue condenado a 10 años y 8 meses de prisión, José Armando Alonso a 8 años y 8 meses de cárcel y Patricia Angélica Malatesta a 4 años de encierro, mientras que a Víctor Miguel Meneses, al concluir que sólo formó parte de la asociación ilícita, le aplicaron 3 años de prisión de cumplimiento condicional. La joven Mariel Leticia Díaz resultó absuelta, mientras que Carlos Malatesta permanece prófugo. Yanzón destacó la dureza de los jueces que aplicaron una pena de 18 años contra su defendido cuando el fiscal Alberto Huarte Petite había pedido 11. “No hay antecedentes similares en ese tribunal pero creo que influyó el contexto político”, especuló ante Página/12. Según el letrado, que integra la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, durante la investigación la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) “se manejó con actas inexistentes y agentes secretos, por lo que no pudimos defendernos, dado que nunca supimos de dónde vinieron las pruebas que presentaron”. Y explicó que algunos de los acusados asumieron parte de la responsabilidad que les adjudicaban y fueron obteniendo algunas excarcelaciones. Durante el juicio oral fueron liberados otros dos miembros de la ORP y ahora sólo queda detenido Krmpotic, pero en pocos meses podrá salir de la cárcel por el régimen de salidas transitorias. Los investigadores de la fiscalía de Amirante y Marijuan sospechaban que hubo una ORP paralela, infiltrada y movilizada por un sector de la Policía Federal o algún servicio de inteligencia. Mientras la ORP “verdadera” estaba integrada por militantes de izquierda, la otra habría sido un grupo parapolicial. Cuando Francisco Benzi, un ex cadete militar, se adjudicó elatentado a Bergés, Krmpotic y los suyos dieron un reportaje desde Uruguay para desmentirlo.

Por Laura Vales PAGINA 12
Tuvieron su primer minuto de fama volando cajeros automáticos. En 1996 atentaron contra el médico torturador Jorge Bergés, asaltaron un camión de caudales y se autoadjudicaron cada uno de estos hechos en nombre de la Organización Revolucionaria del Pueblo. Se convirtieron en uno de los grupos más misteriosos de la década; ahora, seis de los supuestos integrantes de la ORP serán llevados a juicio oral, acusados de integrar una asociación ilícita. Algunos de los acusados admitieron su participación en los episodios de violencia por los que serán juzgados, incluido el ataque al represor Bergés. Pero niegan, en cambio, haber tenido contacto con los servicios de inteligencia, una sospecha que rondó el caso desde el primer día. La historia de la ORP es compleja y tiene todavía zonas oscuras. El grupo hizo sus primeras apariciones en 1992 –volando decenas de cajeros en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires– y se mantuvo en actividad hasta fines del ‘96. Los fiscales Oscar Amirante y Guillermo Marijuán elevaron ayer su requerimiento de elevación a juicio en el que acusan a seis de sus integrantes de haber cometido 10 hechos delictivos distintos, entre ellos la extorsión a los supermercados Coto, el intento de secuestro extorsivo de un empresario y el ataque contra el médico policial Bergés, uno de los más siniestros personajes de la dictadura. Bergés es el obstetra que durante el gobierno militar supervisaba los partos de las detenidas en los campos de concentración y presenciaba las sesiones de tortura de los secuestrados. La ley de Obediencia Debida lo salvó de la cárcel. El 4 de abril de 1996 fue baleado por dos personas a metros de su casa, en Quilmes; recibió 20 disparos que lo dejaron como un colador, pero vivo. La ORP se autoadjudicó el atentado de inmediato.Adrián Krmpotic, uno de los integrantes de la ORP que deberá enfrentar el juicio oral acusado de haber sido el jefe de la banda, confesó pocos meses atrás su participación en el ataque. Krmpotic es uno de los más jóvenes de los detenidos –tiene 33 años– y había sido empleado bancario; tenía, además, una extraordinaria habilidad para cambiar su aspecto usando pelucas y maquillaje. “Yo iba vestido con un impermeable azul largo, llevaba la escopeta debajo del impermeable y tenía una peluca de color castaño claro”, recordó sobre el día en que disparó contra Bergés. En el juzgado de la jueza Servini de Cubría, Krmpotic hizo un detallado relato de cómo planeó el ataque y reveló que, cuando apuntó contra Bergés, el represor usó como escudo humano a su propia esposa, por lo que tuvo que disparar al piso para que la soltara. También aseguró que el atentado se había planeado en conmemoración del 20 aniversario del golpe militar y adujo en su defensa que no había tenido la intención de matar al represor, sino solamente herirlo.Aquel 4 de abril, inmediatamente después del ataque, la ORP envió un comunicado a los medios informando sobre la “ejecución”. El grupo, que consideraba la difusión como un aspecto central para su crecimiento, había hecho lo mismo luego de cada uno de sus golpes. Pero no contaba con la aparición de Francisco Benzi, un ex cadete militar e informante de la policía que se presentó ante la revista Noticias para contar que conocía a la ORP porque la había infiltrado por orden de la Policía Federal. Benzi transitó su momento de celebridad recorriendo medios a los que contó una historia en la que, según los investigadores, mezcló verdades con mentiras. Dijo que los orpianos eran ex militantes del Partido de Liberación operados por los servicios. Sus declaraciones estaban a tono con los rumores alimentados por la Policía Bonaerense y la Federal, donde nadie estaba muy convencido de que la ORP fuera un grupo de izquierda. La desconfianza era tal que la SIDE tuvo varias semanas bajo control a un comisario mayor retirado de la Federal que había pertenecido a la División de Protección al Orden Constitucional. Mientras la investigación avanzaba, Krmpotic y los suyos libraron su propia guerra contra Benzi. Dieron un reportaje desde el Uruguay para demostrar que eran los autores del atentado y lo acusaron de mentir. Poco después, tres orpianos aparecieron en televisión, encapuchados, para mostrar las armas usadas en el ataque. Benzi dijo de inmediato que había identificado a uno de ellos. “Es un batata”, aseguro, en alusión a los integrantes del Batallón 601 de Inteligencia. Krmpotic llegó a mandarle cartas para insultarlo. El expediente judicial se centró en esclarecer, además del ataque a Bergés, otros nueve delitos (ver aparte). En todos los casos, dicen los investigadores, hay un cúmulo de pruebas que comprometen a los acusados, desde huellas digitales a documentos internos de la ORP. Ayer, tras recibir el requerimiento de elevación a juicio de los fiscales, Servini de Cubría anticipó que girará el expediente a un tribunal oral en los próximos días.

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