lunes, 18 de julio de 2011

JUAN INGALLINELA


*JUAN INGALLINELLA *

-Fue un médico, dirigente del Partido Comunista de Santa Fe, detenido, torturado, asesinado y desparecido el 17 de junio de 1955, un día después del “Bombardeo a la Plaza de Mayo” mientras repartía volantes condenando ese atentado contra el gobierno de Juan Peron

-Atendía a los pacientes de bajos recursos sin cobrarles y trabajaba ad honorem en el Hospital de Niños de Rosario

-Se lo considera el primer desaparecido político de Argentina

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-Entrevista con el escritor Jaskel Shapiro, amigo, compañero de militancia, integrante de la Comisión de Homenaje Permanente al Dr. Juan Ingallinela

-El año pasado el Consejo Deliberante de Rosario lo reconoció como Ciudadano Ilustre post Mortem, a propuesta de un diputado del Frente Para La Victoria. Escuchamos los testimonios de los legisladores durante esa declaración reivindicatoria

-Compartimos palabras de la hija, Ana María Ingallinela


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Juan Ingallinela
(* Rosario, provincia de Santa Fe, (Argentina); 1911 –† íbidem; junio de 1955) fue un médico y político militante en el Partido Comunista que fue detenido por la policía el 17 de junio de 1955 y murió al ser torturado sin que nunca apareciera su cuerpo, en un hecho que tuvo vasta repercusión conocido como El caso Ingallinela. A raíz de la investigación realizada se condenó a quienes fueron autores materiales del hecho, pero el cuerpo nunca fue hallado, por lo que algunos1 lo consideran el primer desaparecido de la historia argentina.
Biografía
Juan Ingallinella, nació en 1911 y era hijo de inmigrantes sicilianos. Estudió medicina y tenía su consultorio en la misma casa donde vivía, en la calle Saavedra 667, del barrio Tablada de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Se casó con Rosa Trumper, que era maestra, con quien tuvo una hija.
Hay testimonios recogidos en la prensa de Rosario que cuentan que a los pacientes sin recursos los atendía gratuitamente y les suministraba muestras de medicamentos gratis cuando no tenían dinero para comprarlas. Incluso, les regalaba ropa y zapatillas. También atendía ad honorem en el Hospital de Niños de Rosario.
Ingallinela era un conocido militante comunista en cuyo consultorio tenía un cuadro con la foto de Lenin. Cuando a principios de 1944, la policía rosarina detuvo y torturó a tres comunistas e Ingallinella, que manejaba una pequeña imprenta clandestina, denunció el hecho en un volante y señaló como responsables a los oficiales Félix Monzón, jefe de la sección Orden Social y Político, Santos Barrera, subjefe de la misma sección y Francisco Lozón, jefe de la sección Leyes Especiales y Santos Barrera.
Si bien posteriormente el Partido Comunista fue reconocido como organización legal y participaba en las elecciones, sus militantes eran objeto de persecución policial y fue así que acumuló 20 procesos por desacato y resistencia a la autoridad y estuvo detenido varias veces en la Jefatura de Policía en Rosario.
Su desaparición
El 16 de junio de 1955 se produjo en la Argentina una rebelión militar con la finalidad de derrocar al presidente Juan Domingo Perón, en cuyo curso sin aviso previo alguno, aviones de la Marina bombardearon la Plaza de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires, en una acción sin precedentes en la historia argentina, ocasionando al menos 300 muertos y más de 2000 heridos. Ingallinella, que en esa fecha era apoderado del Partido Comunista en Rosario, redactó e hizo circular de inmediato un volante de condena a lo ocurrido.
El mismo día 16 la policía rosarina comenzó a detener dirigentes opositores y al día siguiente una comisión policial concurrió al domicilio de Ingallinela, quien había desechado la oportunidad de ocultarse, y lo condujo a la División Investigaciones de la Jefatura de Policía junto con unas sesenta personas entre las cuales estaban los abogados Guillermo Kehoe3 y Alberto Jaime.
Los detenidos fueron retornando a sus hogares pero no Ingallinela. Ante las gestiones de su esposa y de sus camaradas la Policía aseguró que había salido por sus propios medios de la Jefatura.
Las movilizaciones
De inmediato hubo movilizaciones de profesionales y estudiantes, y se formó una Comisión Universitaria para presionar por la investigación; el 13 de julio los trabajadores judiciales hicieron una huelga y el 2 de agosto la Confederación Médica de la República Argentina dispuso un paro nacional de actividades. El 20 de julio de 1955 el interventor federal de la provincia, Ricardo Anzorena, que hasta entonces había negado la veracidad de la denuncia ordena la detención del jefe y del Subjefe de investigaciones y de otros policías así como el reemplazo del jefe de policía de Rosario, Emilio Vicente Gazcón, por Eduardo Legarreta y exoneró a los policías involucrados. El 27 de julio el ministro de gobierno de Santa Fe da un comunicado reconociendo que el Dr. Ingallinela
"habría fallecido a consecuencia de un síncope cardíaco durante el interrogatorio en que era violentado por empleados de la Sección Orden Social y Leyes Especiales".4
La investigación judicial
La legislación entonces vigente había establecido el fuero policial, esto es que el personal de esa fuerza no era juzgado penalmente por la justicia común sino por un tribunal especial, el Consejo de Justicia Policial, el cual inicialmente trató de tomar el caso. Como el juez de instrucción Carlos Rovere también sostuvo la competencia, debió resolver el conflicto la Corte Suprema de Justicia de la provincia, la cual el 3 de agosto de 1955 se inclinó el juez argumentando que los policías habían perdido su estado policial por haber sido exonerados.
Con la investigación judicial se puso al descubierto la maniobra de encubrimiento que se había realizado, tal como la desaparición de numerosas fojas del libro donde se asentaban los ingresos y egresos de detenidos. Lo sucedido con Ingallilena se pudo reconstruir con el testimonio de otros detenidos, de lo que surgió que Lozón quería ubicae el mimeógrafo donde se habían impreso los volantes, para lo cual torturaron a varios detenidos, incluyendo a Ingallilena, con la picana eléctrica.
Tiempo después, uno de los acusados, el oficial Rogelio Luis Delfín Tixie, rompió el pacto de silencio y contó que Ingallinella había fallecido durante la tortura y que su cadáver había sido enterrado cerca de la estación de trenes de Ibarlucea y luego trasladado a otro punto, en un vehículo de la División Investigaciones. La Justicia comprobó que se habían arrancado las 41 primeras fojas del libro de guardia del 19 de junio de 1955 del puesto de la Policía Caminera de Pérez, para borrar las huellas del traslado. No obstante, se constató que el vehículo utilizado había regresado a Rosario a las 21 de aquel día. Y al hacerse excavaciones en la zona indicada por el policía, se halló una tela que habría correspondido al sobretodo del médico. Sin embargo, nunca se supo dónde fueron llevados los restos de la víctima.
Tixie también involucró al ex jefe de policía Emilio Gazcón, quien según dijo encomendó personalmente a Lozón los procedimientos y le ordenó aplicar torturas.
La sentencia
El 30 de mayo de 1961, el juez Juan Antonio Vitullo declaró que el hecho de no haberse encontrado el cadáver no era óbice para que con la abundante prueba rendida se tuviera por acreditada la existencia del homicidio. La defensa de los acusados había planteado que no podían suponer que la picana eléctrica fuera normalmente peligrosa dado que ninguna de las otras víctimas había sufrido consecuencias graves por lo que la muerte debía atribuirse a una condición anormal predisponente del doctor Ingallinella. En esta forma excluían el homicidio doloso y planteaban la hipótesis del homicilio culposo.
El Juez rechazó la hipótesis, afirmó que la muerte de Ingallinela pudo no haber sido planeada, pero estaba dentro de las posibilidades por el método de tortura y calificó el hecho de homicidio agravado. Lozón, Monzón, Tixie y Barrera fueron condenados a prisión perpetua, Serrano a dos años de prisión y el jefe de policía Gazcón al pago de una multa y la inhabilitación por un año.

La defensa apeló y el 19 de diciembre de 1963 la sala II de la Cámara del Crimen de Rosario modificó la calificación a la de homicidio simple. Lozón fue condenado a veinte años de prisión como "promotor, autor material y responsable principal" de homicidio simple, privación ilegal de la libertad y apremios ilegales; Félix Monzón, Rogelio Luis Tixie, Fortunato Domingo Desimone, Arturo Lleonart y Santos Barrera a 15 años de prisión; Ricardo Rey y Héctor Andrés Godoy a 6 años, por encubrimiento, privación ilegal de la libertad y apremios ilegales; Francisco Rogelio Espíndola y Fernando Luis Serrano a dos años, por encubrimiento; Gilbert Silvestre Bermúdez -ex jefe de Investigaciones- y Emilio Gazcón fueron multados por violación de los deberes de funcionario público.5 Por otra parte, la misma sentencia declaró que a esos crímenes no se aplicaba la amnistía para delitos políticos que había aprobado la ley 14.436 porque ella excluía de sus beneficios "los delitos atroces cometidos de manera inhumana, carente de relación atendible con el móvil político o gremial alegados".



Requiem por Juan Ingallinella
Por Roberto Bardini
Publicado digitalmente: 25 de agosto de 2005

Hace unos días, se publicó en este espacio mi artículo Vallese, el primer desaparecido. Debo retractarme: el título correcto debió ser Vallese, el primer desaparecido político peronista, (como indicaba la presentacion de la Nac&Pop). Porque antes hubo otro, de distinta filiación: el médico rosarino Juan Ingallinella, dirigente del Partido Comunista de Santa Fe.

El 17 de junio de 1955, Ingallinella fue detenido, torturado y asesinado por policías de civil. Su cadáver nunca fue hallado.

Lo paradójico es que el médico y sus camaradas santafecinos se opusieron -al menos a través de un manifiesto- al sangriento golpe militar que el día antes había intentado derrocar al presidente Juan Domingo Perón.

Quién fue

Ingallinella, nacido en 1912 e hijo de inmigrantes sicilianos, vivía y atendía a sus pacientes en la calle Saavedra 667, del barrio Tablada. En el consultorio exhibía un cuadro con la foto de Lenin. Su esposa, Rosa Trumper, era maestra.

Qienes lo conocieron, lo describen como una persona muy querida en el barrio.
Testimonios recogidos en la prensa de Rosario cuando se cumplieron 50 años de su desaparición, narran que no les cobraba a los pobres y les suministraba muestras gratis cuando no tenían para comprar medicinas. Incluso, les regalaba ropa y zapatillas. También atendía ad honorem en el Hospital de Niños de Rosario. Hay que reconocer que hoy no existen muchos médicos con estas características.

Además, Ingallinella era un militante que acumuló 20 procesos por desacato y resistencia a la autoridad.
En los últimos diez años de su vida fue el huésped más frecuente de la Jefatura de Policía en Rosario.

En 1943, el golpe militar que derrocó al presidente Ramón Castillo declaró ilegal al Partido Comunista. A principios de 1944, la policía rosarina detuvo y torturó a tres comunistas. Ingallinella, que manejaba una pequeña imprenta clandestina, denunció el hecho en un volante y señaló como responsables a los oficiales Félix Monzón, Francisco Lozón y Santos Barrera.

El comisario Monzón era jefe de Orden Social y Político. Barrera era el subjefe.
El comisario Lozón dirigía Leyes Especiales. En abril descubrieron al médico y lo encarcelaron. El matrimonio Ingallinella festejó en una celda el primer cumpleaños de su hija Ana María.

En las elecciones de abril de 1954, el doctor fue candidato a diputado nacional por el Partido Comunista, cuya dirección provincial integraba al momento de su desaparición.

Los hechos

El 16 de junio de 1955, un golpe militar intentó derrocar a Perón. Aviones de la Marina y la Fuerza Aérea bombardearon la Casa Rosada y a civiles reunidos en la Plaza de Mayo. La masacre dejó 300 muertos y más de 2 mil heridos y mutilados.
Ese mismo día, en Rosario, el Partido Comunista distribuyó un volante titulado Unidad popular contra el golpe oligárquico imperialista. Era una breve declaración contra el complot antiperonista.

Sin embargo, el entonces jefe de policía de Rosario, Emilio Gazcón, ordenó detenciones masivas de comunistas. Los primeros en caer fueron los hermanos Víctor Hugo y Miguel Angel Riskin, a quienes el subcomisario Barrera y un grupo de agentes les secuestraron panfletos en los que se instaba al pueblo a mantenerse contra los golpes de estado, según el informe posterior.

El 17 de junio, Ingallinella repartió volantes cerca del Frigorífico Swift, en la zona sur de Rosario. Por la tarde, tres policías al mando del oficial Telémaco Ojeda llegaron a pie a su casa y lo detuvieron junto con su cuñado, Joaquín Trumper.
Se fueron a la jefatura en el tranvía 18 y cada uno pagó su boleto de diez centavos. Una vez allí, mientras esperaban el ascensor -relató Trumper cinco décadas después- pasó un policía y dijo: Hola Inga, hace mucho que no viene por aquí.
El médico siempre era de los primeros en ser buscados.

Poco después, todo cambió. Ingallinella fue brutalmente torturado con la picana eléctrica por el comisario Francisco Lozón y otros policías, hasta que murió de un paro cardíaco. Tenía 43 años.

Los epílogos

El 18 de junio de 1955, todos los detenidos quedaron en libertad y Lozón falsificó la firma del médico en el registro de salida. Después, exhibió ante sus cómplices una carta escrita a máquina por el propio jefe de policía, comisario Emilio Gazcón, como si hubiera sido dirigida por Ingallinella a su esposa. El falso mensaje a Rosa Trumper anunciaba que se iba del país. Para darle más credibilidad, Lozón dijo que él mismo la iba a enviar desde Entre Ríos.

El 3 de agosto de 1955, la justicia de Santa Fe intervino en la investigación del asesinato de Ingallinella y el 9 de septiembre inició el proceso a los policías. Uno de ellos, Rogelio Tixe, rompió el habitual pacto de silencio y reveló los detalles del caso. Un grupo de expertos en calígrafía determinó que la firma del médico había sido falsificada. Los acusados dijeron que el cadáver había sido arrojado al río Paraná, mientras que la defensa planteaba que no existía prueba del crimen porque no se había encontrado el cuerpo de la víctima.

El 30 de mayo de 1961, el juez Juan Antonio Vitullo rechazó la hipótesis de homicidio sin intención que esgrimía la defensa. Sostuvo que la muerte de Ingallinella pudo no haber sido planeada, pero estaba dentro de las posibilidades por el método de tortura. Lozón, Monzón, Tixe y Barrera fueron condenados a prisión perpetua y Serrano a dos años de prisión. El magistrado le impuso al jefe de policía Gazcón una multa y la inhabilitación por un año.

La defensa apeló y el caso volvió a ser debatido el 19 de diciembre de 1963, ante los jueces Carlos Carré, Luis Laporte y Jorge Tellería.

En su edición del 12 de junio de 2005, el diario La Capital, de Rosario, publicó un artículo de Osvaldo Aguirre con el epílogo: En opinión de estos jueces, el asesinato de Ingallinella debía ser encuadrado como homicidio simple, ya que los policías no se habían propuesto matar a la víctima, escribe el periodista.

Aguirre, que es redactor de la sección policiales y editor del suplemento de cultura, apunta que la defensa de los policías insistió en que no podemos suponer (que la picana eléctrica) fuera normalmente peligrosa desde que ninguna de las otras víctimas sufrió consecuencias graves. Más bien debe pensarse en una condición anormal predisponente del doctor Ingallinella para explicar la diferencia de resultado. El periodista comenta que este argumento es algo que se parecía a responsabilizar a la víctima de lo sucedido.

Los jueces rebajaron las penas a todos los condenados a prisión perpetua: 20 años, en el caso de Lozón, y 15 años para los otros policías. Aún así, señala Aguirre, el crimen no quedó sin castigo.

Dos epílogos adicionales: Ana María Ingallinella, tenía 12 años cuando secuestraron a su padre. Hoy es ingeniera sanitaria, directora del Centro de Ingeniería Sanitaria (CIS) e investigadora de la Universidad Nacional de Rosario.

Telémaco Ojeda, el oficial que detuvo al médico, con el paso de los años llegó a ser comisario inspector y subjefe de la Policía Provincial de Santa Fe. Antes, había ganado fama de mano dura como jefe de Robos y Hurtos. El 23 de marzo de 1975 fue acribillado a tiros por un comando de los Montoneros en Campana, mientras guardaba el coche en un garage cercano a su casa.

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MEMORIA HISTORICA

Por Jaskel Shapiro

JUAN INGALLINELLA

Junio es un mes de recordación de trágicos hechos ejecutados mediante el terrorismo de Estado. El año pasado se cumplieron cincuenta años de dos acontecimientos casi simultáneos. El 16 de junio de 1955 aviones de la Marina bombardeaban la Plaza de Mayo a la manera mansalva del nazismo y ese mismo día y al siguiente, la que fuera Orden Social y Político de la Jefatura de Policía de Rosario se lanzaba a la caza de hombre deteniendo a sesenta militantes comunistas, comandados por Lozón, Monzón y otros viejos torturadores, antecesores del criminal Agustín Feced de la Dictadura militar.
Muchos de los detenidos fueron ferozmente torturados y en el caso de Juan Ingallinella fue supliciado hasta la muerte. En su caso se dio la configuración del detenido-desaparecido; como es conocido, la Jefatura de Policía informó que había sido puesto en libertad. Una enorme movilización nacional, que también marcó un hito en la lucha por los derechos humanos, impuso la confesión de los responsables y su condena por un juez ejemplar. Sigue abierta la demanda por la aparición de sus restos.
La tortura y asesinato de Ingallinella no fue un hecho solitario de una noche demencial de policías asesinos. El terrorismo de Estado y los aparatos que crea son de larga data y dibujan una espiral ascendente de ferocidad represiva con la finalidad de contener las luchas obreras y populares, siempre al servicio de los grupos hegemónicos del poder estatal.
Gonzalo L. Cháves, hombre del peronismo, publicó en 2003 un trabajo de investigación de la Masacre de Plaza de Mayo, bajo ese título precisamente, considerada su indagación el primer antecedente del caso. Prologado por Miguel Bonasso, éste afirma, trescientos muertos y ni un solo nombre.
El autor exhuma los nombres de muertos, heridos y presos y critica que el peronismo y el propio Juan Domingo Perón no hayan sido más contundentes para denunciar el hecho y reivindicar con nombres y apellidos a las víctimas.
Rubén Naranjo, recientemente fallecido, destacado organizador y luchador por los derechos humanos, que fuera presidente del Foro de Homenaje Permanente al doctor Juan Ingallinella, supo escribir años atrás que la detención de Juan Ingallinella y su muerte en la Jefatura de Policía de Rosario (...) y los fusilamientos perpetrados contra militantes peronistas en los basurales de José León Suárez inauguran, tal vez, el trágico camino (...) que aún muestra su perfil.
Roldolfo Walsh realizó un notable trabajo de investigación contra la impunidad en su libro Operación Masacre referido a los fusilamientos de junio 1956, de los que se cumplen cincuenta años.
Osvaldo Bayer en el prólogo señala que es la tragedia de lo que vendrá después. Aramburu y Rojas serán el prólogo de Videla y Massera. Ingallinella es símbolo de heroísmo en la defensa de los ideales revolucionarios y de la dignidad humana. De la estirpe del líder estudiantil que en las aulas luchó por la Reforma Universitaria, no simple forjadora de especialistas para las clases dominantes. Generaciones de estudiantes, profesionales, intelectuales, se formaron en la conciencia de ser partícipes de las mejores causas obreras y populares, muchos dedicaron su vida a la causa de la revolución y el socialismo, de la estirpe cuya extraordinaria expresión son Fidel Castro, el Che Guevara. Ingallinella fue dirigente de la Federación Juvenil Comunista y del Partido Comunista de la provincia, notable por sus dotes de combatividad, de creatividad, ocupó siempre la primera línea del combate antifascista, de solidaridad con la España republicana. Después de Hiroshima y Nagasaki, del chantaje atómico del imperialismo norteamericano, fue organizador de la lucha por la paz. A los cuarenta y tres años ya había recorrido un largo camino de luchas. Lo recordamos como un líder juvenil, de una madurez juvenil, su optimismo y alegría contagiosos eran y son un permanente estímulo.
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(Nota de tapa) Crimen y castigo
Ingallinella, una batalla ganada contra la impunidad
En 1955 la policía de Rosario secuestró y asesinó a Juan Ingallinela. El cuerpo nunca apareció. Cincuenta años después se publican por primera vez datos del expediente judicial.

Osvaldo Aguirre / La Capital

Juan Ingallinella era médico y destacado militante del Partido Comunista. A los 43 años, había conocido la persecución y la cárcel por el hecho de ser opositor político. En junio de 1955, un grupo de policías rosarinos lo detuvo en forma ilegal y lo condujo a la Jefatura de la Policía, donde murió mientras era torturado con picana eléctrica. Su cuerpo nunca fue hallado; por efecto de una extraordinaria movilización popular, los responsables fueran detenidos y condenados. A cincuenta años, ese episodio traumático de la historia de Rosario ofrece todavía datos y circunstancias desconocidas.

El 16 de junio de 1955 un golpe militar intentó derrocar al presidente Juan Domingo Perón. Aviones de la Marina y de la Aeronáutica bombardearon a la población en la Plaza de Mayo y provocaron una masacre que dejó 300 muertos y más de 2 mil heridos y mutilados. Esa misma noche grupos de civiles quemaron iglesias en distintos puntos de Buenos Aires -la Iglesia católica encarnaba la oposición al gobierno, después de haber sido durante años su firme sostén.

Ese mismo día, en Rosario, el Partido Comunista distribuyó un volante titulado "Unidad popular contra el golpe oligárquico imperialista". Era una breve declaración en contra del complot militar. Sin embargo, fue la excusa para que el entonces jefe de policía de Rosario, Emilio Venancio Gazcón, ordenara una cacería de comunistas.

Los detalles del hecho se conocieron luego que un policía, Rogelio Luis Delfín Tixe, rompió el pacto de silencio que unió a los involucrados en la represión. La historia comenzó el 16 de junio cuando el subcomisario Santos Barrera, subjefe de Orden Social y Político, y un grupo de policías detuvieron a los hermanos Víctor Hugo y Miguel Angel Riskin en barrio Las Delicias y "secuestraron panfletos comunistas y en los que se instaba al pueblo a mantenerse contra los golpes de estado". Es decir que desde el principio estuvo claro para la policía el sentido de la posición comunista.

El jefe de policía de Rosario ordenó a Félix Monzón, jefe de Orden Social y Político, continuar el procedimiento hasta encontrar el mimeógrafo utilizado para la impresión de los volantes, "que constituían un desacato contra el entonces Presidente de la Nación". Así comenzaron las detenciones, que se realizaron en forma completamente ilegal: sin órdenes de allanamiento y con policías que actuaban de civil y sin identificarse, al estilo de los posteriores grupos de tareas. Ese mismo día, además, se llevó a Leyes Especiales una mesa que fue utilizada para torturar a los detenidos.

Posteriormente, agregó Tixe, el jefe de policía Gazcón puso al frente de los operativos a Francisco Eugenio Lozón, jefe de Leyes Especiales, disconforme porque Monzón se mostraba reacio a torturar a los detenidos. "Ante la insinuación que (Gazcón) le hiciera de apretar -relató Tixe-, Monzón le dijo que a algunos de los detenidos les había dado unas cachetadas, y que no conocía otros medios".

Ingallinella había repartido los volantes en la zona sur de Rosario, cerca del Frigorífico Swift. Durante la tarde del 17 de junio volvió a su casa, en Saavedra 667, donde se encontraban su esposa, Rosa Trumper, su hija Ana María, de 12 años, y su cuñado, Joaquín Trumper (ver aparte).

Enrique Bedoya, un policía de Leyes Especiales que era vecino del lugar y cuyo padre había sido paciente de Ingallinella, habría sido quien delató la presencia del médico. Poco después, mientras Ingallinella se duchaba, se presentaron cuatro policías de Leyes Especiales, entre ellos el propio Bedoya y Telémaco Ojeda, quien sería un conocido jefe policial en los años 60 y 70. La comisión se llevó presos a Ingallinella y Joaquín Trumper.

Ese mismo día, los abogados Alberto Jaime y Guillermo J. Kehoe tramitaban un hábeas corpus por los militantes detenidos. La ausencia de taxis hizo que tomaran un tranvía para dirigirse a los Tribunales provinciales. En el mismo coche se encontraron con el comisario Monzón, quien los hizo detener frente a la Jefatura de Policía. De nada sirvió que alegaran estar en el ejercicio de su profesión.

Entre la tarde y la noche del 17 de junio, unos sesenta dirigentes y militantes comunistas fueron alojados en la guardia de la División Investigaciones. De acuerdo a la pesquisa judicial, Francisco Lozón dirigió las torturas. Con él estuvieron Monzón, los subcomisarios Barrera y Fortunato Domingo Desimone (jefe de Robos y Hurtos) y los oficiales Arturo Lleonart, Rogelio Tixe, Ricardo Rey y Héctor Andrés Godoy. Otros dos policías, Francisco Rogelio Espíndola y Fernando Luis Serrano, colaboraron llevando a las víctimas a la sala de torturas. Gazcón y el jefe de Investigaciones, Gilbert Silvestre Bermúdez, estaban al tanto de lo que ocurría. Todos se confabularon más tarde para ocultar el crimen, en un intento por ocultar también su responsabilidad.

Los policías se ensañaron en principio con Kehoe, apoderado del Partido Comunista en Santa Fe y cofundador en la provincia de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Kehoe pudo sobrevivir a las torturas, pero en febrero de 1964 fue baleado junto con el abogado Adolfo Trumper por un militante de Tacuara y falleció en mayo del mismo año, a consecuencia de las heridas.

La sala de torturas, según el detallado testimonio de Kehoe, funcionaba en una oficina de Leyes Especiales contigua al despacho de Lozón. "Se encontraban unas diez personas -relató el abogado-. Unas sentadas, otras de pie. Algunas muy serias frunciendo el entrecejo. Otras con siniestra sonrisa dibujada en sus labios (...). Al centro, una mesa grande, fuerte, al parecer de roble, de unos tres metros de largo por poco más de un metro de ancho. Encima, cuatro correas, revestidas en su parte interior de estopa o algodón, de las que partían cuatro sogas fuertes y gruesas".

El interrogatorio giraba en torno al lugar donde estaba el mimeógrafo utilizado para imprimir el volante y "el fichero" de los militantes comunistas. Lozón le adelantó a Kehoe que "lo que le ocurría era nada comparado con los castigos que se le iban a infringir a Ingallinella, a quien tenían la intención de liquidarlo".

Otra de las víctimas era el contador Héctor Palma. Había sido detenido en la noche del 17 de junio en su casa por un comando policial. "Después de revisar la biblioteca y llevarse algunos libros y diarios, le condujeron en auto a la Jefatura de Policía -consignó el fallo judicial-. Al entrar a la oficina de guardia vio sentado en una silla al doctor Ingallinella". Despojado de sus efectos personales, Palma fue conducido a Leyes Especiales y torturado.

Después de la sesión lo trasladaron a una pieza. Desde allí pudo ver que Ingallinella era ingresado en la sala de torturas. El médico iba esposado y trataba de resistirse, por lo que los policías lo llevaban a la rastra. Fue la última vez que se lo vio con vida.

"Lozón ordenó al doctor Ingallinella que se desnudara -dijo el policía Tixe-, luego de lo cual le ordenó que se acostara sobre una mesa (...) Lozón personalmente le ató de los pies y de las manos (...) Le expresó a Ingallinella que quería el fichero del partido y el mimeógrafo que se utilizaba para hacer los volantes. Ingallinella no contestó ninguna palabra, entonces Lozón le pasó la picana eléctrica por el cuerpo".

Cuando Ingallinella quería gritar, dijo Tixe, el torturador le tapaba la boca con la mano. Desimone intervino diciendo que parecía descompuesto, ante lo cual Lozón respondió que "como era médico se mandaba la parte". El jefe de Robos y Hurtos cortó la corriente, pero ni aún así logró detener al jefe de Leyes Especiales. "Gringo vos no te metás en esto que es cosa mía", gritó Lozón. Poco después, advirtieron que Ingallinella había muerto.

Los policías intentaron reanimar al médico, sin conseguirlo. "Fue entonces -declaró Tixe- que Lozón dijo que iba a hacer el crimen perfecto". Mientras el resto de los detenidos quedaba en libertad, Lozón fraguó la firma de Ingallinella en el registro de salida de detenidos, por lo cual para la policía de Rosario el médico había salido de la Jefatura el 18 de junio.

Ese día, el cuerpo de Ingallinella fue llevado a zona rural de Ibarlucea. En el camino, los policías pararon en la casa de Francisco Espíndola para buscar una pala. "En una zona oscura y descampada -dijo Tixe-, pararon los coches y provistos de la pala, se cavó una fosa junto a las vías del ferrocarril. El cadáver fue depositado en dicha fosa y ocultado con yuyos".

En 1957 la justicia inspeccionó el sitio y descubrió una excavación en forma de fosa de 1,70 metros de largo por 60 centímetros de ancho y 30 a 40 centímetros de profundidad, "observándose asimismo varias ramas secas sobre la parte exterior, es decir que dicha excavación tenía todas las apariencias de una fosa, donde se había colocado el cadáver de una persona". Allí se hallaron varios trozos de género que los abogados Kehoe y Jaime, en el lugar, y luego Rosa Trumper reconocieron como partes del saco de Ingallinella.

El cuerpo, previamente, había sido desenterrado y trasladado a un sitio que nunca fue precisado, dado que los asesinos no lo revelaron.

Lozón aleccionó a los policías sobre cómo declarar y, según Tixe, exhibió una carta "que dijo había sido confeccionada por el propio jefe de policía, escrita a máquina y dirigida a la señora Trumper de Ingallinella expresando Lozón que él mismo mandaría despachar desde la provincia de Entre Ríos. En dicha carta se le comunicaba a la señora que su esposo se iba del país". Una perversa maniobra para desviar la búsqueda.

Otros dos policías -que no habían participado en las torturas pero presenciaron partes de la historia- declararon ante la Justicia: José Monsalvo y Carlos Saldugaray. Ambos escucharon las últimas palabras de Ingallinella, una advertencia a sus torturadores: "me van a matar".

El 13 de julio de 1955 los abogados de Rosario hicieron un paro en protesta por la desaparición de Ingallinella. Fue la primera de una serie de medidas que involucraron a sectores profesionales y estudiantiles. Así, el 2 de agosto la Confederación Médica Argentina dispuso un paro nacional por veinticuatro horas.

Las posibilidades de una investigación, sin embargo, eran prácticamente nulas, porque la policía estaba fuera de la jurisdicción civil y del control del Poder Judicial: el Código de Justicia Policial, aprobado en 1953 por la ley 14.165 del gobierno de Perón, establecía que los delitos cometidos por la policía serían juzgados por la propia fuerza, medida que reforzaba la impunidad institucional. Por una curiosa paradoja, ese peligro multiplicó de inmediato las instancias de investigación, al punto que hacia fines de julio, mientras crecía el reclamo popular, tres comisiones investigadores actuaban simultáneamente: la designada por el interventor federal Ricardo Anzorena; la que encabezaba el juez de instrucción Carlos Rovere y una Comisión Bicameral, promovida el 26 de julio, impulsada por el diputado radical Rodolfo Weidmann.

Una junta de peritos calígrafos estableció que la firma de Ingallinella había sido falsificada. Los policías involucrados cambiaron su versión y sostuvieron que el médico había sufrido un paro cardíaco, cuando Lozón la había aferrado del sobretodo, y que luego arrojaron el cuerpo en el río Paraná.

El 3 de agosto de 1955 la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Santa Fe resolvió que la justicia ordinaria era competente para intervenir en la investigación del asesinato de Ingallinella, con lo que la causa quedó definitivamente en manos del juez Rovere, quien el 9 de septiembre procesó a los policías acusados.

En la etapa de sentencia, el expediente quedó en manos del juez correccional Juan Antonio Vitullo. La intervención de Vitullo se destacó no sólo porque varios magistrados se excusaron de intervenir, por evidente temor o cobardía, sino porque logró reconstruir el suceso desarticulando la red de versiones con que los policías intentaron ocultar los hechos. El núcleo de su fallo fue una extensa consideración sobre la cuestión del cuerpo del delito. La defensa de los acusados planteaba que no existía prueba, ya que no se había hallado el cadáver de Ingallinella.

Vitullo sostuvo que esa expresión no debía ser interpretada en forma literal, como hacía la defensa. "El cuerpo del delito -dijo- puede ser acreditado por todos los medios de prueba". Después de citar y comentar diversos fallos y antecedentes nacionales y extranjeros, apuntó que "cuerpo del delito significa el acto o conjunto de actos realizados en la ejecución de un hecho delictuoso, vale decir el o los elementos materiales, objetivos y externos del delito" y concluyó que "probar el cuerpo del delito no es sino comprobar la concreción material de la acción que hace la figura típica del hecho delictivo".

A la vez Vitullo rechazó la hipótesis de homicidio preterintencional (sin intención) que sostenía la defensa. La muerte pudo no ser planeada, dijo, pero estaba en las posibilidades de los medios que utilizaban los torturadores.El 30 de mayo de 1961 condenó a Lozón, Monzón, Tixe, Desimone, Lleonart y Barrera a prisión perpetua; a Rey y Godoy, a seis años de prisión; a Espíndola y Serrano a dos años de prisión; a Bermúdez y Gazcón a multa e inhabilitación especial por un año. Tras la apelación de los condenados, el 19 de diciembre de 1963, el caso volvió a ser debatido en la Sala II de la Cámara Criminal de Rosario, integrada por Luis P. Laporte, Jorge A. Tellería y Carlos E. Carré.

En opinión de estos jueces, el asesinato de Ingallinella debía ser encuadrado como homicidio simple, ya que los policías no se habían propuesto matar a la víctima. En apoyo de esta interpretación sostuvieron: "no podemos suponer (que la picana eléctrica) fuera normalmente peligrosa desde que ninguna de las otras víctimas sufrió consecuencias graves. Más bien debe pensarse en una condición anormal predisponente del doctor Ingallinella para explicar la diferencia de resultado", dijeron. Algo que se parecía a responsabilizar a la víctima de lo sucedido. En definitiva, rebajaron las penas a 20 años, en el caso de Lozón, y a 15 años para los otros policías que habían recibido prisión perpetua, y confirmaron las restantes. Aún así el crimen no quedó sin castigo.

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*LA FEDE ROSARIO
*PC SUR

INFO SOBRE CENTRO CULTURAL JUAN INGALLINELA, BARRIO LA TABLADA, ROSARIO, SANTA FE:

Saavedra 667
inga.pc@hotmail.com
fjcrosario@gmail.com

*MAS INFO Y MATERIAL DE JASKEL SHAPIRO

JOSE SHULMAN (LADH) VS NORBERTO GALASSO: POLEMICA SOBRE MARTIRES

JUEVES 24 DE JUNIO DE 2010

RECONOCIMIENTO A JUAN INGALINELLA, A 55 AñOS DE SU ASESINATO


RECONOCIMIENTO A JUAN INGALINELLA, A 55 AñOS DE SU ASESINATO

Honor al primer desaparecido

El médico comunista murió cuando era torturado por la policía. Hoy, el Concejo lo declara ciudadano ilustre post mortem.



Secuestrado el 17 de junio de 1955, el médico y militante del Partido Comunista Juan Ingalinella falleció esa misma noche durante la tortura. La policía provincial fraguó su liberación, pero la repercusión nacional e internacional de la desaparición forzó la declaración de un policía y desencadenó un juicio que terminó asumiendo el juez Juan Antonio Vitulo, quien condenó a cadena perpetua a Francisco Lozón, Félix Monzón, Santos Barrera y Rogelio Luis Tixie, entre otros asesinos del militante. El magistrado entendió -por primera vez- que la inexistencia del cadáver no era óbice para dejar impune el asesinato. Después de 55 años, esta tarde, el Concejo Municipal distinguirá a Ingalinella como ciudadano ilustre post mortem, por iniciativa del president
e del bloque del Frente para la Victoria Arturo Gandolla.

"Fue detenido muchas veces, los militantes comunistas entrábamos y salíamos de la comisaría, nos detenían en el tranvía, era muy habitual", recuerda Jaskel Shapiro, que fue su compañero de militancia e integra la Comisión Permanente de Homenaje al militante, que todavía es recordado con cariño en el barrio La Tablada por su tarea como médico. "Esa misma noche cayeron 70 personas, y a otro compañero que fue torturado le dijeron que al pelado Ingalinella le iban a dar muchísimo más", rememoró Lindolfo Bertinat, de la misma comisión que viene batallando desde hace más de 30 años por el reconocimiento público a Ingalinella, asesinado a los 43 años. "Era uno de los hombres más queridos del Partido", recordó Shapiro.

La casa de Saavedra 667, donde vivía Ingalinella, estuvo apropiada durante muchos años, pero recientemente fue recuperada por Comisión de Homenaje, y ahora se construye un Centro Cultural para el barrio que tanto respetó y quiso a su propietario.

Aunque los policías que se llevaron al médico comunista decían actuar en defensa del gobierno de Juan Domingo Perón, ignoraban que esa misma noche, Ingalinella había organizado la difusión de un comunicado de su Partido en apoyo al gobierno constitucional, y en repudio del golpe de Estado. "Por eso para nosotros es muy importante que el presidente del PJ sea quien haya tomado esta iniciativa", dijo Bertinat.

Aún así, el militante fue detenido y salvajemente torturado. Cuando falleció, cesaron las torturas a los otros detenidos, y el cuerpo fue llevado según la declaración posterior de Tixie a Ibarlucea, donde las excavaciones sólo pudieron encontrar un sobretodo del médico.

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