Hebe de Bonafini encabezó el acto en el Mercado Central
La Asociación de Madres de Plaza de Mayo realizó en el Mercado Central de Buenos Aires el acto de repudio al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, bajo el lema "Que la sangre de nuestros hijos se convierta en escuelas, hospitales, casas y trabajo para todos".
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Durante el acto, la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, puso de relieve "la fuerza inquebrantable de las madres" que, dijo, "no dejaron a sus hijos, que no los olvidaron y que los reivindicaron como revolucionarios".
"Eramos madres de una generación egoísta que decía: 'mi casa, mi cocina, mi trabajo' y cuando llega la dictadura nada es tuyo. Elegimos el camino más difícil, nos secuestraron a tres de nuestras mejores madres y a nosotros nos siguieron golpeando. Más palos nos daban, más fuerza teníamos", afirmó Hebe.
"Hoy nos importa más que un niño sea feliz que meter preso a un milico", oncluyó de Bonafini, al hablar en el acto organizado por las Madres de Plaza de Mayo en el predio del Mercado Central, ubicado en el partido de La Matanza.
Por su parte, y al cerrar el acto, el ministro de Economía, Amado Boudou, reflexionó sobre la dimensión económica del golpe y sostuvo que el proceso iniciado en 1976 "no sólo vino a torturar, matar y desaparecer. Fue un gobierno que vino a destruir los sueños de una Argentina". En el salón del Mercado Central también estuvieron presentes la ministra de Industria, Débora Giorgi; el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y el titular del AFSCA, Gabriel Mariotto, entre otros.
La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, recordó esta tarde en el acto de repudio al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el momento en que el ex presidente Néstor Kirchner le ordenó al general Roberto Bendini bajar el cuadro del represor Jorge Videla en la ESMA.
Bonafini además hizo referencia a una "Patria llena de sangre pero que florece todos los días en viviendas, en hospitales, en escuelas" y recalcó que a las Madres les "importa más que un niño sea feliz que meter preso a un milico".
De la actividad, que tuvo lugar en el Mercado Central de Buenos Aires, participaron también el ministro de Economía, Amado Boudou y el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto.
De qué hablar
Por Eduardo Aliverti
Hay que dejar de hablar del golpe, únicamente, como la instancia más trágica de la historia argentina. Hay que animarse, de una buena vez por todas, a opinar que en algunos o varios aspectos pasamos a ganar. Pero por favor: no confundir esa apreciación con los juicios de quienes estiman que ya están podridos de que (les) hablen de la dictadura. Porque se trata justo de lo contrario.
La bestialidad de lo parido hace 35 años, o un poco antes, es precisamente lo que hace resaltable cierto aspecto del presente. En lo personal, incluso, quien firma se pasó la mayor parte de estas tres décadas y media, en casi cada uno de estos aniversarios, dedicando sus columnas a advertir más que nada sobre la sobrevivencia de lo que la dictadura dejó. La destrucción del aparato industrial; el ninguneo masivo a participar o comprometerse en política, por fuera de aquella primavera alfonsinista que en verdad fue un veranito; la profundización del desprecio ideológico, racista, hacia la actividad sindical y ante los desesperados llamados de atención de los excluidos; la discursividad facha de una vasta clase media (¿Macri no es acaso el hijo civil perfecto de los milicos?); el deterioro de la movilidad social ascendente, quitadas las fantasías patéticas del uno a uno de la rata; la precarización laboral. Puestos en el orden que se quiera, esos y otros componentes son inescindibles del punto de inflexión que significó la dictadura. Aun ahora cabe tener la seguridad o la certidumbre de que en el ámbito educativo en general, por las fallas objetivas y subjetivas que fueren, permanece potente –en el mejor de los casos– la idea y traslación de que hace 35 años aparecieron, desde la nada misma, asesinos lunáticos y capaces de esparcir una de las carnicerías humanas más alucinantes del siglo XX. ¿Cuántos y cómo son hoy los docentes (y comunicadores, y periodistas, y referentes “culturales”, y etcétera) que no saben o no quieren explicar que la mayor tragedia de nuestra historia fue producto de la necesidad y vocación de la clase dominante, para acabar por medio del terror y de raíz –creyeron– con todo signo de rebeldía que anidara en las entrañas y en la militancia activa de una porción de esta sociedad?
Como habíamos propuesto al comienzo: esa bestialidad de los mandantes de los milicos, de los grandes grupos económicos que pusieron todo el gabinete del golpe, y toda la jerarquía eclesiástica para bendecir las torturas, y toda la complicidad directa de los emporios de prensa (que viene ser todo lo mismo), obliga a animarse no solamente a la pregunta de cuánto de aquello sigue vivo sino –por fin– a la de cómo fue y es probable que tenga tanto de muerto. Y la respuesta directa es que apareció una normalidad o anomalía, susceptible de sacar de quicio a quienes, durante 200 años, se acostumbraron a la victoria final e inevitable de sus intereses. De sus ganancias fáciles de país agroexportador, y listo. De sus estratagemas comunicacionales. De su seguridad de tenerla más larga, siempre. Nadie dice que al final (¿qué es el final?) no vuelvan a tener razón. Pero por lo pronto, alguien, algo, les metió una baza después de tanto tiempo. Alguien, algo, les produjo diarrea. Habrá sido que se les fue la mano en su canibalismo de clase parasitaria, en su impericia dirigencial para heredarse, en su exceso de confianza. En no darse cuenta de que había espacio para la aparición de un outsider que leyera la realidad mejor que ellos. Como sea, algo (les) pasó como para que, a “nada más” que 35 años, lo persistente del golpe que dieron conviva poco menos que en desventaja con lo que cambió.
Tantos milicos a quienes ya no tienen como última reserva de la Patria. Tantos pibes que no les tienen miedo. Tanto que dependen de unos medios y unos periodistas en los que se cree cada vez menos. Tanto que el enamoramiento de las astronómicas tasas de interés de la etapa neoliberal empieza, de a poco, a compartir novia con un modelo que privilegia el mercado interno, al punto de quebrarles varios de sus frentes corporativos (la UIA, la Mesa de Enlace). Tanto problema para encontrar dirigentes políticos que les obren de gerentes: hay, pero no convencen a la sociedad. También disponen de caudillos sindicales del viejo aparato burocrático que se resiste a morir, pero que carece del peso de otrora.
Y tanto boludo ideológico, por ser en extremo suaves, que dice que todo eso que cambió, o va cambiando, compele a dejar de hablar de la dictadura, cuando precisamente se trata de hablar más que nunca para tener noción de por qué cambian las cosas.
La muerte argentina
Por Osvaldo Bayer
Se cumplen treinta y cinco años. Escribo esto para los jóvenes que no vivieron ese pasado. Es una síntesis para tener en cuenta. Sólo queda el recuerdo del dolor ante crímenes como nunca habían ocurrido antes en la Argentina. De militares que se creyeron dueños de la vida y de la muerte. Con una sociedad civil cómplice. Una dictadura de la quema de libros y de la “desaparición”. De campos de concentración, de torturas y robos de las pertenecias de las víctimas. De personajes uniformados que se creían omnipotentes. De sectores económicos, intelectuales y religiosos que apoyaron desembozadamente ese sistema para “pacificar el país”. Miles de exiliados. La Muerte con todo su rostro de cinismo.
Pero las Madres.
Increíble el heroísmo de esas mujeres que dieron un ejemplo al mundo. Pocas veces en la historia humana se ha visto nacer un movimiento así, del dolor, solas ante una sociedad enemiga con miedo. Salir a la calle y reclamar por el destino de sus hijos.
Esos dos son los ejemplos que nos quedan de un período tan aciago. Los crímenes más inimaginables y el coraje de esas mujeres. Como resumen final del extremo de la crueldad, nada mejor que expresarlo en la muerte de las tres madres fundadoras de ese movimiento: Azucena Villaflor, Teresa Careaga y María Ponce: después de torturas indecibles, arrojadas al mar vivas desde aviones. ¿La humanidad ha asistido alguna vez acaso a un acto que supere algo tan sádico? Esto ocurrió en la Argentina.
Todo para asegurar un sistema económico de base liberal-capitalista que tiene un apellido imborrable: Martínez de Hoz.
Pero no nos detengamos sólo en la realidad de esa dictadura militar perversa y voraz, sino preguntémonos cómo fue posible. Fue posible por el fracaso de la sociedad civil. El horror ya había comenzado antes. Las Tres A fueron el símbolo de lo que luego iba a llegar al extremo. Prólogo: matar al enemigo político. Prefacio que terminaría en la desaparición de personas. Los partidos políticos gobernantes fueron cavando la tumba a la democracia tan esperada luego de que el pueblo consagrara a Cámpora con su voto y su deseo de democracia y de más justicia social. Pero apenas unos días después, Ezeiza y el reemplazo de Cámpora por el pariente de López Rega: Raúl Lastiri. Aquí ya comenzó a delinearse el espíritu de la represión que vendría poco después con toda fuerza. Tengo una experiencia personal. Mi primer libro, Severino Di Giovanni, el idealista de la violencia, fue prohibido por un decreto de Lastiri. Así, sin explicaciones. Preví entonces que vendrían tiempos muy difíciles. Primero se prohibiría, luego se quemaría y luego se asesinaría a sus autores. López Rega como poder omnipotente en las sombras. Luego de nueve meses de Perón, que terminaría con su fallecimiento, comenzará ya la lucha abierta.
El 12 de octubre de 1974 no sólo se prohibió el libro La Patagonia Rebelde, cuyos tomos estaba publicando, sino también el film del mismo nombre. Hablo de mi experiencia, pero es que esto pasó a ser una regla general con algo peor todavía: el asesinato en la calle de todo aquel sospechado de izquierdista. Isabel Perón, ascendida no por su capacidad sino por su nombre.
Sí, hubo intentos de salir del pozo, como la caída de López Rega, pero igual ya se iba directamente a la caída final. Los militares. Tres nombres para recordar: Videla, Massera, Agosti.
Ensuciaron nuestra historia para siempre. No ya la Década Infame. La década perversa. La perversión desde la Casa Rosada. “No están ni vivos ni muertos, están desaparecidos”, dirá el general Videla a los periodistas extranjeros. Cuando le preguntaron sobre gente que había sido detenida. Desaparecidos. Los generales harán lo de Malvinas para salvarse ante la historia. Pero demostraron la incapacidad de su oficio. Quedaron más de 600 soldados muertos en plena juventud.
El sistema de Videla-Viola-Galtieri produjo también otro crimen pocas veces registrado en la historia del ser humano: el robo de niños. A las mujeres embarazadas detenidas les quitaban el hijo en el momento del parto. El destino: esos niños iban a parar a matrimonios de militares, policías o adeptos al sistema que no podían tener hijos, bueno, pues a ellos iba el recién nacido. La madre que acababa de dar a luz, en casi todos los casos, era asesinada. En un país católico, con cardenales, arzobispos y obispos.
Todo esto es ya sabido. Ha salido todo a la luz. Pero nos empecinamos en repetirlo para que no se olvide de ninguna manera. Tuvieron que pasar más de dos décadas de la dictadura para que en nuestro país se comenzara a hacer verdadera justicia. Ni obediencia debida ni punto final ni indultos. La verdadera justicia.
Toda una historia trágica. Las dictaduras militares típicas de la Argentina. Tres décadas y media hace que comenzó a gobernar el cinismo más cruel. La lección nos dice que sólo nos queda el camino de la verdadera democracia, que no sólo debe conformarse con dar la libertad de poner el papelito en la urna cada dos años, sino lograr una sociedad en libertad, con derechos igualitarios. Todavía mueren niños de hambre en la Argentina. Cuando ya no haya estadísticas con esa vergüenza nacional, cuando ya las villas miseria pertenezcan al pasado, podremos decir que cumplimos con los principios de nuestros héroes de Mayo.
El nunca más a la Muerte Argentina.
AVANZA EL ANALISIS DEL ROL DE GRUPOS ECONOMICOS Y DEL PODER JUDICIAL DURANTE EL TERRORISMO DE ESTADO
La lupa sobre los cómplices e instigadores civiles
Una vez encaminados los juicios a los miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, investigaciones en todo el país se detienen en la complicidad o la participación de empresarios y funcionarios del Poder Judicial en los crímenes y contribuyen a resignificar la última dictadura.
Por Alejandra DandanAlgo está cambiando en el sistema judicial. Organismos de derechos humanos convertidos en querellantes, fiscales y jueces producen nuevos sentidos sobre lo que sucedió en el país durante el terrorismo de Estado. Uno de esos nuevos sentidos replantea la imagen de la dictadura: en línea con lo que empezó a suceder aisladamente hace años en La Plata, aparece en los alegatos y en las preguntas la expresión “dictadura cívico-militar”. Lo que sigue es un intento de abordar los efectos judiciales de esa resemantización de las palabras. La posibilidad de pensarlas como demanda de segunda generación.
En este proceso que deberá desarrollar la Justicia, hasta ahora se abrieron dos grandes caminos. Uno pone la lupa en el Poder Judicial. El otro, en las empresas.
En el primer caso, las causas parecen estar buscando no sólo a quienes estuvieron a la par de los represores, ejercieron torturas, interrogatorios o visitaron centros clandestinos sino también a quienes omitieron las investigaciones sobre las miles de denuncias de hábeas corpus que llevaban los familiares de las víctimas o abogados, muchos de los cuales terminaron desaparecidos. Uno de los casos paradigmáticos es Mendoza. El equipo de la fiscalía de Omar Palermo analizó unos 400 expedientes de la dictadura, entre ellos 150 hábeas corpus entre los cuales sólo uno fue aceptado por un juez y recién en 1982, con la dictadura debilitada. Esa investigación coronó un largo reclamo de justicia de sobrevivientes y familiares contra los camaristas Otilio Romano y Luis Francisco Miret, este último destituido este año por el Consejo de la Magistratura. El viernes pasado, el juez federal de Mendoza Walter Bento procesó a Romano por 72 hechos y como “partícipe secundario” por haber omitido investigar y haber garantizando la impunidad de los responsables a través del tiempo; procesó a Miret por 19 hechos, entre ellos no investigar denuncias de personas que hasta hoy continúan desaparecidas, pero además por robo y violación de domicilio; lo mismo hizo con el magistrado jubilado Guillermo Petra Recabarren y al ex juez Rolando Evaristo Carrizo lo procesó por 19 hechos.
Las causas sobre la Justicia parecen multiplicarse en todo el país. Al lado de casos más históricos, como los fiscales de la causa de Margarita Belén –Roberto Domingo Mazzoni y Carlos Flores Leyes– acusados de participar en interrogatorios ilegales, amenazar a detenidos y encubrir crímenes de lesa humanidad o el del ex juez Ricardo Lona, en Salta, por la masacre de Palomitas, parece haber una búsqueda sobre los responsables de garantizar la impunidad. No investigar. Archivar las causas de hábeas corpus. Desecharlas. A partir de la búsqueda de los hijos apropiados, se cuestiona a los jueces que blanquearon o intervinieron en la apropiación extendiendo ad etermun la desaparición de esos niños. Hace dos días, Hijos organizó un escrache al camarista Gustavo Mitchell: “Fue una pieza fundamental en el engranaje del robo sistemático de bebés, denunciado por haber entregado un bebé de 20 días apropiado en julio de 1976 al subcomisario Osvaldo Parodi, uno de los que participaron del secuestro de Sara Méndez, la madre de Simón Riquelo”, explicaron.
El otro campo, el intento con las empresas, es más difícil. De momento, la grieta judicial se abre de la mano de las querellas que están obligadas a buscar –para llegar a juicio– datos fácticos para juzgar a los responsables. El caso del Ingenio Ledesma en Jujuy, la Ford y Mercedes-Benz son algunos de los históricos. Pero hay otros. En el distrito de San Martín se elevó a juicio la primera parte de una causa por un grupo de obreros del astillero Astarsa. Pese a que los trabajadores denuncian que muchos de ellos fueron secuestrados directamente desde el interior de la planta, sólo se va a juzgar a responsables militares y no a los todavía supuestos responsables civiles.
Uno de los promotores de este escenario es el propio Estado Nacional. En el expediente sobre Papel Prensa, explica Pablo Barbuto, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ese organismo oficial se encargó de presentar el encuadre: “Si se analiza el comportamiento de los sectores económicos financieros dominantes, frente a los golpes de Estado y ante los gobiernos de facto emergentes de los mismos a partir de 1930, se verifican palmariamente los beneficios que le reportó su imbricación con los poderes de facto. Se constata así que existe una estructura de poder económico-social que de acuerdo a sus necesidades en cada etapa, buscó generar las rupturas del orden constitucional a fin de redefinir el bloque de poder y sus alianzas, realizar correcciones en el modelo económico y asegurar su implementación mediante la exclusión –llegando hasta el aniquilamiento– de las resistencias y oposiciones a sus proyectos, de los cuales los militares fueron portadores concretos”.
En ese espacio también se incluye una investigación promovida por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre sobre José Alfredo Martínez de Hoz, que antes de asumir el Ministerio de Economía fue integrante del directorio de Acindar.
Nueva mirada
Hace dos días se conoció el fallo completo de la sentencia por los crímenes del circuito ABO (Atlético-Banco Olimpo). Durante las largas jornadas del debate, la acusación, en manos de la fiscalía de Alejandro Alagia, intentó producir quiebres en la monótona lógica del sistema penal. Convocó entre los testigos a sociólogos y expertos para poder plantear una mirada distinta. Introdujo la discusión sobre el eje del genocidio. Presentó a las víctimas como militantes políticos. Ahora bien, cuando hacía las preguntas a los testigos, la fiscalía solía usar además la expresión “dictadura cívico-militar”, un modo que en más de una ocasión provocó la mirada perpleja e incómoda de acusadores y defensores. ¿Por qué hablar de dictadura cívico-militar?
“Tratamos de resemantizar el lenguaje procesal –dice Gabriela Sosti, de la fiscalía–. No sólo nos interesaba la condena, sino la explicación de la verdad histórica en otro contexto que no fuera el de la literatura y organismos de derechos humanos, sino en el ámbito del Poder Judicial.” Eso que suele estar puesto en la voz de las querellas, dice Sosti, aparecía de otro modo en voz de la fiscalía, una de las agencias de Poder Judicial. Algunas querellas vienen sosteniendo esa postura hace tiempo, mientras otras creen que aún no es el momento. Ana Oberlin representa a los hermanos Gonçalves en el juicio a Luis Abelardo Patti en San Martín. Cuando leyó el alegato con su compañero Pablo Llonto habló de “dictadura cívico-militar”. Lo había hecho tiempo atrás en Rosario. “Con todo lo que está surgiendo en los juicios, está cada vez más claro que la expresión ‘dictadura militar’ invisibiliza el rol muy importante que tuvieron todos los intereses económicos”. Siempre pensaba en este tipo de cosas, dice Oberlin, que es docente y especialista en derecho penal. “Me acuerdo de que uno de los docentes siempre nos decía en la universidad que el retorno a la formalidad democrática no se recupera sólo con volver a votar sino en cómo hay que nombrar las cosas: mostrar que sólo fueron los militares es un error porque el proceso de impunidad que siguió durante tantos años no se entiende si sólo se trató de una cosa militar.”
Ana María Careaga es sobreviviente del circuito ABO y querellante además en ESMA, donde estuvo secuestrada su madre. “Si bien es un avance incluir la participación civil en la dictadura para no reducir solamente todo a las Fuerzas Armadas –dice–, hay que darle una vuelta más: no sólo hay que hablar de algunos procesos y de las denuncias de quienes estuvieron involucrados en la represión, sino de los grandes empresarios y es necesario profundizar esa veta, incluirlos en un marco del proceso saludable de juzgamiento.”
El fiscal Félix Crous dice que la insistencia por abrir esa perspectiva existe desde hace tiempo. Que en los ochenta aparecieron los primeros señalamientos, por ejemplo, al rol de la prensa. O que el Nunca Más habla de persecución a los obreros. Pero admite que su potencial no se capitalizó por la suerte que corrieron los juicios. “El tema reverdeció, creció y se desarrolló con el tiempo –aclara–, con el trabajo por ejemplo del juez Leopoldo Schiffrin, que fue un pionero marcando rumbos.” Hay rastros desde 1998, con el comienzo de los juicios por la verdad, que abrieron caminos cuando las leyes de impunidad bloquearon a la Justicia. Entre esos hitos también estuvo el trabajo del juez Carlos Rozanski. El año pasado, Crous habló de “dictadura cívico-militar” en el juicio a los jefes de Area, una postura que le generó un incidente con un defensor del represor Olivera Rovere. Ahora dice que anda un paso más adelante: como fiscal del juicio por los crímenes de El Vesubio, no hablará de dictadura militar ni de cívico-militar en los alegatos sino de “dictadura” a secas o de “tiranía” porque así englobaría todas las categorías.
Una de las razones que parecen estar por detrás de estas nuevas búsquedas es el avance en las causas de primera generación: los juicios a los responsables directos y a los ejecutores militares y de las fuerzas de seguridad. Pablo Parenti es coordinador de la Unidad de Investigación fiscal de los juicios de lesa humanidad. Dice que encaminado el primer proceso de justicia –demorado durante más de treinta años–, es posible pensar que las demandas empiezan a ser otras. “Los procesos expanden sus miradas producto del avance y es lógico: no podíamos dejar de juzgar a Astiz, al Tigre Acosta, a Guglielminetti; no podés no juzgar ESMA, ABO. Ahora que eso avanzó, y mientras la prueba se enriquece a través de los nuevos testimonios, empiezan a aparecer sectores no iluminados judicialmente, como el papel de los civiles.” Habrá que ver, ahora, aclara, ¿qué es participación civil? O si eso es material de juicio penal. Ahora bien, ¿para qué sirven estos reclamos? El sociólogo Daniel Feierstein, que está pensando hace tiempo el genocidio, hace unos días dio una pista durante un debate en la Facultad de Derecho. ¿Cuál es la importancia de los juicios?, se preguntó. ¿Qué importa que a este grupo de ancianos les den diez o quince años más de prisión? O volviendo al comienzo: para qué hablar de dictadura cívico-militar. Lo que pasa dentro de la Justicia no sólo tiene que ver con la justicia sino con la producción de la idea de verdad. Si los fallos replantean definiciones, entonces la verdad histórica de este presente podría pensarse distinta. Y la apuesta es no a un cambio en el pasado, entonces, sino el mismo presente.
Video realizado por alumnos de segundo año de polimodal, respecto al genocidio ocurrido en la Argentina durante los años 1976-1983.
Resulta increible como unos jovenes de 17 años tienen tan claro lo ocurrido durante ese periodo, realmente es reconfortante ver un video como este, el que asegura que la memoria está intacta.
UN FISCAL ANUNCIO QUE SE IDENTIFICO EL VUELO DE LA MUERTE DE LAS MONJAS FRANCESAS Y DE LAS FUNDADORAS DE MADRES DE PLAZA DE MAYO
El último eslabón en la cadena del terror
Testimonio de Ana María Careaga, de Espacio para la Memoria, sobreviviente, exdetenida del Atlético-Banco-Olimpo, sobre el análisis de miles de planillas de vuelos de la muerte. Emitido por Visión Siete, noticiero de la TV Pública argentina, el viernes 25 de marzo de 2011.
La impunidad de centenares de militares, marinos, policías y civiles que participaron en los vuelos de la muerte podría comenzar a revertirse. El fiscal federal Miguel Osorio, que investiga el Plan Cóndor de coordinación entre las dictaduras del Cono Sur, dejó trascender el martes, durante un panel realizado en el Congreso, que está identificado el vuelo específico en el que fueron arrojadas al Río de la Plata las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo secuestradas por un grupo de tareas de la ESMA en diciembre de 1977. La investigación, que permitirá avanzar contra sus tripulantes y la cadena de mandos que les daba órdenes y les garantizaba el encubrimiento, fue realizada por la Unidad Fiscal de coordinación de causas de lesa humanidad de la Procuración General de la Nación y está en poder de los jueces federales Norberto Oyarbide –que instruye la causa Plan Cóndor–, Sergio Torres –a cargo de la megacausa ESMA– y también de Eduardo Taino, fiscal de la causa. Ante un pedido expreso de la Justicia, Página/12 omite por el momento los nombres de los involucrados y otros datos que puedan perturbar el avance de la pesquisa.
El informe final de la investigación realizada por la Unidad Especial que conduce el fiscal general Jorge Auat y coordina Pablo Parenti data del 19 de noviembre pasado. A partir de un universo de 2758 planillas de vuelo realizados entre 1976 y 1978, los investigadores analizaron regularidades y, en contraposición, excepciones: vuelos cuya duración no se condice con los puntos de despegue y aterrizaje, horarios sin relación lógica con las finalidades explicitadas, un mismo destino de salida y llegada en vuelos de “instrucción”, omisiones llamativas en los registros.
El universo se acota primero según la duración: por la velocidad de los aviones y en base a las precisiones que aportó el condenado ex capitán Adolfo Scilingo sólo se consideran vuelos de dos horas y media como mínimo. El segundo parámetro es el destino. Descartados los vuelos de duración justificada (a provincias del norte, la Mesopotamia o la Patagonia), los restantes tienen una particularidad: el despegue y el aterrizaje tiene lugar siempre en el Aeroparque Jorge Newbery o en la base de Punta Indio, y en algunos casos ambas en el primero. El dato es sugestivo: los dos vuelos en los que participó Scilingo despegaron desde Aeroparque. El marino confesó que “todos los ‘traslados’ tenían como plan de vuelo Punta Indio pero sin aterrizar: continuaban vuelo a baja altura mar adentro para no ser detectados por el radar de Mar del Plata”.
El tercer filtro es la nocturnidad, asociada por la Unidad Fiscal “a todo aquello que pretende ocultarse”. Los vuelos entre las seis de la tarde y las seis de la mañana son excepcionales: rondan el seis por ciento en 1976 y 1977, crecen hasta casi un diez por ciento en 1978. Por último se considera la “finalidad”. En más de la mitad de los casos se menciona un genérico “traslado”, por lo general con un objeto preciso: “material clasificado”, “buzos”, “maquinaria”, “contraalmirantes”. También figuran finalidades específicas: “apoyo regata”, “sanitario”, “relevo de personal”, “arrojar paracaidistas”, “vuelo de prueba”, “patrullaje” o “instrucción”. Los vuelos que sortean los cuatro filtros y en los que se menciona a Aeroparque como punto de partida y llegada son apenas once en tres años. Todos menos uno tienen por finalidad la “instrucción” y en ninguno se registra la existencia de pasajeros. A partir de este análisis se pudo individualizar el vuelo en el que se habría “trasladado” a las monjas francesas y a las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo.
El operativo del grupo de tareas de la ESMA en la iglesia de la Santa Cruz fue el 8 de diciembre de 1977. Dos días después fue secuestrada Azucena Villaflor de De Vicenti. El grupo de familiares estuvo en cautiverio en la ESMA al menos hasta el 14 de diciembre, cuando los marinos fotografiaron a las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet con una bandera de Montoneros de fondo y un ejemplar del día del diario La Nación en sus manos. Los restos aparecieron en las costas de San Bernardo y Santa Teresita entre el 20 y el 28 de diciembre, y fueron enterrados como NN en el cementerio de General Güemes. El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó en 2005 los restos de Duquet, de Angela Aguad y de tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo: Villaflor de De Vicenti, Esther Ballestrino de Careaga y María Ponce de Bianco. “Las fracturas son compatibles con la caída desde una altura determinada y el impacto contra un cuerpo duro”, dictaminó el EAAF.
El método argentino de desaparición de personas, que Rodolfo Walsh denunció en 1977 y Scilingo confesó en 1995, continúa dando frutos. Más allá de condenas aisladas como las de Riveros, Verplaetsen & Cía. por el asesinato de Floreal Avellaneda, cuyo cadáver apareció en la costa uruguaya, los asesinos que participaron de las ejecuciones que según Scilingo bendijo la jerarquía eclesiástica e incluyeron hasta “invitados especiales” aún disfrutan de impunidad y anonimato.
Al margen de Scilingo, condenado en España a un millar de años de prisión, el único procesado con prisión preventiva por ese delito es el capitán Emir Sisul Hess, quien contó en privado que las víctimas “caían como hormiguitas”. El teniente de fragata Julio Alberto Poch, extraditado desde España luego de confesar su actuación ante colegas de la aerolínea holandesa Transavia, se benefició con una resolución de la Cámara Federal, que le encomendó al juez Torres mejorar los argumentos del procesamiento. El juez volvió este año a tomar una serie de declaraciones testimoniales en Holanda, pero no a pronunciarse sobre la situación del marino. El magistrado no avanzó aún contra la cadena de mandos que estaba por encima de Hess y de Poch, ni contra el suboficial Rubén Ricardo Ormello, quien –tal como informó Página/12 en 2009– relató ante sus compañeros de trabajo de Aerolíneas Argentinas su participación en vuelos que partían de Ezeiza. El juez Torres tampoco indagó aún al abogado Gonzalo Torres de Tolosa, mencionado por Scilingo entre quienes lo ayudaron a tirar personas al vacío en uno de los dos vuelos que confesó, y mucho menos a los capellanes Luis Antonio Manceñido y Alberto Angel Zanchetta, que sedaban las conciencias de los marinos y continúan en actividad en las filas de la Iglesia Católica.
Esa marcha que nunca olvida ni perdona
Miles de personas participaron de las manifestaciones a 35 años del último golpe de Estado. En la Plaza de Mayo, la titular de Abuelas, Estela de Carlotto, pidió a la Presidenta "la desclasificación de todos los archivos de la dictadura, de todas las fuerzas militares y de seguridad nacionales provinciales y de la SIDE". "El pueblo tiene derecho a tener justicia y a saber la verdad", expresó, y recordó la responsabilidad de los cómplices civiles. Antes, partidos y agrupaciones izquierda realizaron su acto en la Plaza y reclamaron "la unificación de las causas contra represores" y "el fin de la criminalización de la protesta".
La marcha partió cerca de las 19 desde Avenida de Mayo y Piedras, encabezada por la emblemática bandera de los detenidos-desaparecidos. La convocatoria fue hecha por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, H.I.J.O.S. Regional Capital, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y HERMAN@S por la Verdad y la Justicia.
Participaron también agrupaciones como La Cámpora, el Encuentro Nacional y Popular, el Frente Transversal, Nuevo Encuentro, la CTA, SUTEBA, la Corriente Nacional Popular, Peronismo Militante, Cabildo Abierto, Frente para la Victoria, UTPBA, y la Unión de Estudiantes Secundarios, entre otras.
En el escenario, Estela de Carlotto, recordó como cómplices de los genocidas a "las empresas que se beneficiaron con el plan económico, que nacionalizaron sus deudas y entregaron listas negras con los nombres de los compañeros".
Apuntó además a "los medios de comunicación que justificaron el golpe" y mencionó al grupo Clarín, a La Nación y al diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca. En el mismo sentido, resaltó que "las sociedades patronales, como la sociedad rural, siempre promovieron golpes de Estado para defender sus posiciones de clase".
Carlotto se refirió también que "los miembros de la corporación judicial que hoy demoran los juicios, que fueron nombrados por la dictadura", y destacó que para "profundizar el juicio y castigo es fundamental la desclasificación de todos los archivos de la dictadura".
"Somos categóricos: deben abrirse todos los archivos, de todas las fuerzas militares y de seguridad nacionales y provinciales y los de la SIDE", manifestó. "En estos documentos se encuentran las pruebas que nos faltan", sostuvo.
"Le pedimos a la Presidenta que desclasifique ya todos los archivos, porque el pueblo tiene derecho a tener justicia y a saber la verdad", concluyó.
Antes, el "Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia" realizó su acto en Plaza de Mayo en conmemoración de los 35 años del último golpe militar. Organizaciones sociales y estudiantiles y partidos de izquierda, como Proyecto Sur, el PTS, el PO, el MST, la Corriente Clasista y Combativa y la Federación Universitaria de Buenos Aires, se concentraron en Plaza de Mayo donde leyeron un documento en el que criticaron al Gobierno por "el mantenimiento de las estructuras represivas"y rechazaron "la criminalización de la protesta"
MAS TEXTOS ALEGORICOS (24 DE MARZO 2011) -PAGINA/12Emotiva reapertura de la casa Mariani Teruggi, declarada sitio de la Memoria
Cada vez que entra a la casa de donde le arrebataron la mitad de su vida, Chicha Mariani se conmueve al punto de no poder emitir palabra. Ayer no fue la excepción. Apenas pudo traducir en algunas frases las emociones que la atravesaron. El lugar, refaccionado especialmente como “sitio de memoria del terrorismo de Estado”, parece haber salido del sepia. Y es literal porque recuperó el color que tenía aquel mediodía del 24 de noviembre de 1976, cuando fue bombardeada por las fuerzas conjuntas que asesinaron a su nuera Diana Teruggi y otros militantes que se encontraban en el lugar, y se llevaron a su nieta Clara Anahí. “Es una enorme emoción verla del mismo color”, dijo la fundadora de las Abuelas de Plaza de Mayo. Pero a la vez “una enorme pena y una alegría, porque va a permitir lo que quise durante muchos años, dejar algo para que todos puedan recordar, tener memoria para recordar lo que pasó”.
También como suele ocurrir en cada regreso a la casa de la calle 30 entre 55 y 56, Chicha no estuvo sola. La acompañaron Hebe de Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo; el canciller Hector Tímermann; el subsecretario de Obras y Servicios Públicos, Abel Fatala; el secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli, y la madre de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Ofelia Wilhelm.
Hebe señaló diferencias de estilo con Chicha y la Abuelas, sin embargo reconoció que quererla mucho por todo lo que luchó. “Siempre se ocupó de todos los nietos, investigó, corrió, sacaba fotos en las puertas de las escuelas, por lo que todavía falta que nuestro país le reconozca lo que fue capaz de hacer”, dijo.
No faltaron los compañeros de siempre, los militantes de los organismos de derechos humanos, y los vecinos, algunos de los cuales aún recuerdan el ensordecedor sonido de las bombas y la metralla.
La casa luce cambiada. Y es, como dice Chicha, un legado. Sobre la parte superior, más arriba incluso que el nivel de los techos, se montó una estructura con pasarelas que permite realizar una recorrida aérea de la vivienda. Por encima de esa estructura hay un vidrio que cubre y protege todo.
Las refacciones alcanzaron a la estructura general de la vivienda. Los arquitectos, quienes también dieron su testimonio durante el acto, reforzaron las paredes y la zona de mampostería, arreglaron los pisos, y apuntalaron y pintaron las paredes.
“Esta reapertura significa varias cosas. Para los demás, un legado, algo que va a perdurar en la memoria. Para mí es una emoción inmensa porque la casa ha quedado como estaba cuando la habitaban mi hijo, mi nuera y mi nieta”, afirmó Chicha.
Y agregó: “La dictadura se equivocó, cometió errores con los jóvenes, con los viejos, con las abuelas, con las madres ya que en su machismo nos creyeron inútiles, no creyeron que íbamos a ser capaces de correr para hacer justicia o dejar instalada la memoria para el futuro, se equivocaron y me alegro mucho”.
La imprenta. La historia trágica de la casa fue contada en un documental. “No se trataba de una casa más. Había algo que molestaba a la dictadura genocida, una poderosa herramienta de resistencia para enfrentar al régimen dictatorial”, contó la voz en off de ese documento.
Y esa razón era “Evita Montonera”, la revista que se imprimía en la imprenta clandestina que funcionaba en una habitación secreta, ubicada en la parte trasera del inmueble. El canciller Tímerman hizo referencia a la publicación. Recordó que llegaba a las redacciones de los diarios, incluido La Opinión, que dirigía su padre Jacobo. “Quienes no quisimos o no pudimos comunicarlo, no es porque lo desconociéramos, no quisimos, no pudimos, o no supimos cómo hacerlo”, dijo en tono autocrítico. El funcionario agregó: “Tal vez el año que viene haya que poner acá una placa que diga que desde esta casa se informó y se luchó con la información, que es la mejor arma contra la dictadura”, remarcó.
Vinculo eso con su crítica al grupo Clarín. “Cuanto más grande es el medio, menos negocio es informar, el negocio no está en informar sino en lo que se hace con esa información. Por eso durante las dictaduras militares se forman y se concentran los medios de comunicación”, dijo y recordó en relación a Papel Prensa que “el monopolio, en sociedad con los dictadores que balearon esta casa y se robaron a la nieta de Chicha pudieron robarse una empresa cuyo dueño también era de La Plata, y era la familia Graiver”.
Parrilli, quien habló en nombre de la Presidenta, también destacó la labor de denuncia que se realizaba desde la casa. “Se trataba de difundir ideas y denunciar hechos atroces que ocurrían en esos momentos”, dijo.
El 19 de marzo fue un sábado soleado. Un grupo de integrantes de la Asociación Madres de Plaza de Mayo llegó minutos antes de las 11 de la mañana a la calle 30 entre 55 y 56. La cita era para la reapertura de la casa "Mariani- Teruggi" en la ciudad de La Plata.
Estaban presentes el canciller Héctor Timerman, el Secretario de la Presidencia Oscar Parrilli y Ofelia Wilheim, madre de la Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner. También se encontraban en el acto el Dr. Juan María Ramos Padilla, el primer juez de la Argentina que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Obediencia Debida y trabajó arduamente en la recuperación de la identidad de niños robados en la dictadura, y Pablo Llonto, periodista y abogado querellante en causas de lesa humanidad.
El acto comenzó con la proyección de un video realizado por Juan Martín Ramos Padilla y Camilo Cagni que relata la historia de la casa y la de sus últimos ocupantes, Diana Teruggi, Daniel Mariani, la pequeña Clara Anahí, Daniel Mendiburu Eliçabe, Roberto César Porfidio, Juan Carlos Peiris y Alberto Oscar Bossio. Cuenta del funcionamiento de una imprenta clandestina en la que se editaba el periódico Evita montonera que denunciaba el accionar de la dictadura y cuyo lema era: “Hable bajo, pero no se calle”. Esa, posiblemente, haya sido la causa de que el operativo de fuerzas conjuntas - las tres armas y la policía bonaerense- atacara con tanta saña y semejante despliegue la sencilla vivienda platense. El audiovisual luego alude a la historia de Chicha y su búsqueda, que fue de todas y todos los nietos. La creación el 21 de noviembre de 1977 de Abuelas argentinas de nietitos desaparecidos, que luego sería las Abuelas de Plaza de Mayo. La organización recorrió el mundo denunciando el robo sistemático de bebés y con creatividad, ingenio y persistencia localizaron a más de 60 niños y niñas robados mientras Mariani presidió la entidad. En cada país que visitaba Chicha compraba una muñeca para su nieta, colección que actualmente se expone a la espera del encuentro con su dueña. Imágenes de archivo dan cuenta de una joven Chicha que ya expresaba con claridad la liberación que significa para las personas recuperar su identidad. Allí dice: “el día de la primera restitución, que fue la de Paula Logares, las abuelas llorábamos pensando en que la niña iba a sufrir, pero no pasó para nada. La niña se fue insertando, en forma natural se incorporó a su familia”. Paula Logares, presente en el acto, asentía. Las imágenes describen el inmenso aporte de Chicha Mariani a la justicia, que permitió entre otras cosas, la primera condena efectiva a prisión perpetua en cárcel común después de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final a Miguel Etchecolatz. Y su actual desempeño como querellante en el juicio por el robo de plan sistemático de bebés. “Cómo voy a descansar si yo tenía que encontrar a la hijita de mi hijo y de Diana” pregunta Chicha desde la pantalla, “yo voy a caminar hasta el último minuto de mi vida buscando justicia para sus padres, justicia para todos los desaparecidos y sobre todo a mi nieta viva, porque sé que en algún rincón la tienen escondida”.
Al finalizar la proyección tomaron la palabra los arquitectos de la puesta en valor de la casa, Ana Otavianelli y Fernando Gandolfi, detallaron el minucioso trabajo de restauración y preservación que los llevó a conocer a Chicha y su búsqueda. El objetivo de dos años de trabajo fue, según expresaron, proyectar el testimonio de la casa al futuro. Agradecieron a Néstor Kirchner que, como Presidente, impulsó la declaración de la vivienda como monumento histórico nacional. Y agradecieron el gesto de darles la palabra a ellos, los realizadores, cosa que no suele ser frecuente en los actos de inauguración. Fernando Gandolfi agregó que “estamos frente a una paradoja, por un lado esta es la obra de nuestra vida y por otro lado es la obra que jamás hubiésemos querido hacer.” Y contó que “a cada persona que trabajó acá nosotros le contamos lo que había pasado. Muchos lo sabían, pero aun los que no lo sabían, en las visitas posteriores, hacían de guías. Ahí se presentó patente el mensaje de la casa, como un patrimonio material que lleva consigo una historia. La casa nunca dejó de hablar, nos cupo a nosotros la responsabilidad de que afine un poco la voz, que hable claro y sobre todo que pueda vocalizar por largo tiempo”. Gandolfi compartió un texto que decía: “Tengo 8 años, de lo que pasó hace tres o cuatro más o menos me acuerdo. Si los demás se llegan a olvidar de algo importante que pasó mientras yo no estaba, entonces nunca voy a aprender de eso.” Y concluyó: “La idea es que esto perdure para que todos puedan seguir aprendiendo”.
Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas de la Nación fue quien gestionó la firma del convenio, y el día de la reapertura acompañó en su recorrida por la casa histórica a Ofelia Wilhelm, la madre de la Presidenta de la Nación.
Elsa Pavón, en su carácter de Presidenta de la Fundación Anahí, sintetizó que: “La reapertura de la casa es un sueño realizado”.
El arquitecto Martín Repetto, presidente de la Comisión Nacional de museos, monumentos y lugares históricos, recordó que “esta fue la primera declaratoria de Néstor Kirchner como monumento histórico nacional. La siguieron otras muy importantes: la Escuela de Mecánica de la Armada. Fuimos hasta el pasado, declaramos histórico el lugar donde fusilamos a Dorrego, el lugar en el que fusilaron al General Valle. Y Néstor Kirchner puso un monumento muy importante por los bomabardeos en Plaza de Mayo. Claramente queremos llenar los vacíos, los vacíos fundamentales, los de nuestros 30.000 compañeros desaparecidos”.
La Presidenta de las Madres, Hebe de Bonafini, expresó que: “Esta ciudad ha dado miles y miles de hijos revolucionarios, esta ciudad ha dado miles de genios, esta ciudad dio mucha sangre. Y los que hicieron el horror nunca se imaginaron que no iban a poder con nosotras. Yo la conozco a Chicha hace muchos años, vivíamos muy cerca, desde el principio. Siempre se ocupó de todos los nietos, de la suya también, por supuesto. Nunca dejó de ocuparse de todos. Investigó, corrió, caminó, se jugó, sacaba fotos en las puertas de las escuelas cuando nadie llevaba una cámara fotográfica por miedo. Lo que hizo es increíble, creo que todavía falta que nuestro país le reconozca a Chicha lo que fue capaz de hacer. Es una mujer prudente, jugada, trabajadora. Discutimos claro, yo soy muy loca, y ella siempre es más prudente. Yo puteó y ella dice, “no Hebe, así no”. Pero la amo, la respetamos. Ayer estuvimos hasta muy tarde con algo muy fuerte que vamos a hacer el martes, pero las Madres igual decidimos estar acá porque era un compromiso muy grande para venir a decirles a todos los que escuchen que ella encontró muchísimos nietos y que el examen de histocompatibilidad lo encontró Chicha Mariani.
El canciller Héctor Timerman, fundador de Human Rights con sede en Nueva York, y presidente de la comisión internacional de centros para la Memoria, explicó: “Yo venía al acto como un amigo, no como el canciller argentino. Venía porque compartimos con Chicha, no solo el mismo abogado, sino los mismos juicios contra los mismos represores que atacaron o vulneraron los derechos de nuestras familias. Pero recién, viendo el video, me doy cuenta que me tengo que parar desde otro lugar, un tercer lugar. Porque desde esta casa, que se imprimía Evita montonera, salieron entonces las primeras denuncias de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Y yo puedo decir esto porque recuerdo que en las redacciones llegaba la revista Evita montonera, estaba en las redacciones. Y quienes no quisimos, no pudimos o no quisimos publicarlas, no es porque lo desconocíamos, sino porque no quisimos, no pudimos o no supimos cómo hacerlo. Así que, tal vez el año que viene haya que poner acá una placa que diga que desde esta casa se informó y se luchó con la información que es, tal vez, la mejor arma contra una dictadura: la de informarle a la gente lo que está sucediendo. Informar, y esto sí lo se también, cuando más grande es el medio de información, menos negocio es informar. Eso lo sabemos todos los que estuvimos alguna vez en el negocio de la información. Los grandes medios lo último que quieren es ser obligados a informar. El negocio no está en la información, está entre la información, está en lo que se hace con la información. Por eso es que durante las dictaduras militares se forman y se concentran los medios de información, por eso es que el monopolio con el que ahora estamos siempre en lucha, oponiéndonos o comunicando o informando que es lo que desinforma, se formó durante la dictadura militar. Fue durante la dictadura militar que pudieron, en sociedad con los dictadores, con quienes vinieron acá y balearon esta casa y se robaron a la nieta de Chicha, pudieron robarse una empresa cuyo dueño también era de La Plata, que era la familia Graiver. Ahí, en el video, decían que el lema de Evita montonera era “Hable bajo, pero no se calle”. Yo creo que ahora, en democracia, podemos hablar alto a pesar de que haya muchos que quieran que nos callemos. Entonces el compromiso con quienes desde aquí informaron lo que otros no informamos es justamente hablar alto y no callarnos”.
Alicia Caminatti, amiga de Diana Teruggi y de Daniel Mariani, hizo una breve y emocionada semblanza de la pareja militante.
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